Les numériques du CEPED - El aborto en América Latina y El Caribe
El debate en torno al aborto: posturas, opiniones, percepciones y argumentos
"... nunca es sencillo debatir en torno al aborto, porque significa tocar los límites de cuándo empieza y termina la vida, cuál es el sentido de la experiencia humana y, sobre todo, qué tanto deben compartir las mujeres con los demás los procesos que se gestan en sus cuerpos". (Ortiz Ortega, 2001).
De la descripción de los marcos legales vigentes en la región latinoamericana y del Caribe en materia de aborto, podemos concluir que se trata de uno de los ámbitos políticos determinantes de la situación en que se da la práctica del mismo. Sus implicaciones no sólo son evidentes en el subregistro y subestimación de la magnitud de su ocurrencia, en su carácter discriminatorio y que contribuye a exacerbar las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social ya existentes, en el acceso y calidad de los servicios de salud disponibles y en sus consecuencias para la salud y bienestar general de las mujeres y de sus familias, sino que también rigen el escenario social, cultural, ideológico y político que prevalece en las distintas sociedades de la región, y que se expresa en gran medida a través del debate público en torno a este evento.
Los abundantes materiales sobre el tema reconocen que se trata de un complejo "problema" que ha dado lugar a un intenso y continuo debate desde diferentes fuerzas y actores sociales con posiciones generalmente antagónicas y polarizadas, pero también con al menos un principio coincidente y en ocasiones no suficientemente explicitado, que reside en el hecho de que ninguna de las posiciones está a favor del aborto per se. Abordar el tema del debate bajo este calificativo, o sea en tanto "problema", requiere, como diversos autores han señalado muy acertadamente, plantear diversas interrogantes: ¿Para quién o para quiénes el aborto inducido es un problema? ¿Cuál es el problema y de qué tipo? ¿A quiénes compete decidir si la práctica del aborto es o no un problema? ¿A quién o quiénes atañe la decisión de recurrir o no al aborto? ¿Cuáles son o deben ser los límites de la intromisión de la esfera pública y política, en particular del Estado, en la esfera privada e íntima de las personas? ¿Quiénes son los actores sociales que ejercen mayor influencia para legitimar o no dicha interferencia? ¿Cuáles son sus principales argumentos y posiciones? y, ¿Cuáles son las relaciones entre estos actores y cómo se articulan entre sí (Castañeda Salgado, 2003), (Kulczycki, 2003), (Lamas 2003), (Llovet y Ramos, 2001)? Como advierten Oliveira y Rocha (2001), abordar estas interrogantes implica necesariamente incursionar en el ámbito de lo público y lo privado en sociedades profundamente marcadas por la ancestral influencia y relaciones de poder de la Iglesia Católica, que se desenvuelven en un escenario contemporáneo caracterizado por un creciente proceso de democratización y una progresiva participación de la sociedad civil organizada en la vida pública. Escenario que, a su vez, exige el ejercicio y respeto de los derechos humanos en general, y en particular de los derechos sexuales y reproductivos, la libre decisión de los individuos sobre su vida íntima, y por tanto en su ámbito reproductivo, así como una mayor equidad e igualdad en las relaciones entre los géneros. La necesidad de redefinir estos ámbitos para el estudio del aborto es palpable, pues en éste, como evento que atañe directamente a la salud reproductiva de las mujeres, confluyen los puntos donde estos espacios se entrecruzan (Oliveira y Rocha, 2001), (Shepard, 2000).
La gran paradoja en el debate sobre el aborto inducido es que siendo un asunto “exclusivamente” de las mujeres, que atañe directamente a sus cuerpos y a sus derechos -son ellas las que sufren las secuelas y asumen los costos emocionales, físicos, sociales, económicos y jurídicos de un hijo no planeado y de la práctica del aborto, son ellas también las que asumen los riesgos para su salud y su vida- no se piensa en ellas. A las mujeres no se les toma en cuenta cuando se implementan acciones para “solucionar” su problema, sino que se acude principalmente al mundo de los valores morales y los juicios, que redundan en soluciones inadecuadas y parciales (Castañeda Salgado, 2003), (Lamas, 2003), (Kulczycki, 2003).
En este capítulo revisamos la literatura que da cuenta del debate en torno al aborto en la región –principalmente por los grupos progresistas y feministas-, y recogemos las principales posturas, opiniones, percepciones y argumentos que se han esgrimido a lo largo de la última década y media. Esta sección se antecede por una sucinta descripción de los principales actores o participantes del debate. Vale mencionar que este debate surge con menor o mayor fuerza al calor de eventos particulares en los distintos países de América Latina y El Caribe. Algunos ejemplos son la presentación de la demanda ante la Corte Constitucional de Colombia contra su ley de aborto en el 2005, el caso de la menor Rosa, en Nicaragua, en el 2003, el caso de otra menor, Paulina, en México, en 1998, o la presentación del Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva en Uruguay, en 2003 (Norma Ubaldi; comunicación personal).
Entendemos por debate un intercambio de ideas o planteamientos, destinado a demostrar la superioridad o veracidad de un argumento sobre otro en aras de alcanzar acuerdos. En este sentido es relevante notar que los argumentos de la jerarquía de la Iglesia, por provenir de principios dogmáticos, no suelen ser precisamente razonados. No obstante, en vista de que es esta la ideología que enfrenta tradicionalmente a los argumentos a favor del aborto seguro, los hemos incluido como una de las voces del debate en la región. Las argumentaciones que se sostienen desde los círculos conservadores –expresados por cualquier tipo de actores, desde las organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector público tales como funcionarios, congresistas o sector jurídico, personal de salud, etc.- suelen tener como sustento los principios o valores incuestionados, base de las posturas de la Iglesia Católica oficial. Esta postura sostiene ante todo, de manera simplista, la equiparación del producto de la concepción con una persona desde el momento mismo de la fecundación del óvulo, posición que pretende imponer. Así, las diversas posturas, opiniones, percepciones y argumentaciones que recoge la literatura, o bien tienen sustento en la posición conservadora sucintamente expuesta, y a la que dedicamos sólo una mirada a partir de los planteamientos de la jerarquía de la Iglesia tal y como se consigna en materiales de grupos o autores progresistas, o se trata de los diversos argumentos y posturas a favor de lograr que las interrupciones del embarazo sean seguras para las mujeres que se someten a ellas, y a las que este capítulo dedica la mayor parte.
La inclusión de la literatura sobre encuestas de opinión, ya sea entre personal médico o entre sectores de la población de los diversos países, refleja las percepciones y actitudes que estos sectores tienen del aborto inducido, así como de determinadas condiciones bajo las cuales se considera permisible efectuarlo. También reflejan el conocimiento que dichos sectores tienen del status legal aborto y la representación imaginaria del mismo. Se incluyen tanto porque traducen, en cierto sentido, cómo ha cambiado la opinión pública en el tema y, por tanto, su posible efecto sobre las consecuencias de los debates, como porque sus resultados se pueden esgrimir en los planteamientos a favor de aumentar las condiciones para que las mujeres tengan acceso a abortos sin riesgos.
Cierran el capítulo dos discusiones: cuáles han sido las consecuencias de los debates para los ámbitos legislativo y de servicios de aborto legal, ahí donde los hay, y un apartado, a manera de conclusión. En éste se da cuenta de las transformaciones que ha habido en los términos de los argumentos a favor del aborto seguro. También se consignan algunas recomendaciones y posibles rutas a seguir tomadas de la literatura.
¿Quiénes son los principales actores del debate?
En el debate sobre el aborto han participado múltiples y muy diversos actores e instancias. Entre ellos están los organismos internacionales y regionales; el Estado a través del ámbito ejecutivo, el legislativo y el poder judicial; abogadas y abogados; partidos políticos; las instituciones y profesionales de la salud; las personas expertas en derechos humanos; los medios masivos de comunicación; las organizaciones de la sociedad civil; la academia y las y los investigadores (Hessini, 2005). Algunos gobiernos extranjeros también han participado en este debate, tal y como se puso en evidencia cuando el presidente de los EUA, Bush, reinstauró la llamada Ley Mordaza al iniciar su presidencia.
Como parte de este escenario, son dos las principales fuerzas sociales que destacan: por un lado, el movimiento de la sociedad civil organizada "progresista", en particular los grupos y redes feministas nacionales y regionales y, por el otro, la jerarquía de la Iglesia Católica, conjuntamente con los grupos conservadores de la sociedad civil, de derecha, que son los que más influencia han tenido, en general, sobre algunos de los otros actores, particularmente sobre el Estado y sobre algunos sectores de la población.
Es en estos dos últimos grupos antagónicos donde los términos del debate se cristalizan en las dos posturas más polarizadas: la erróneamente llamada postura proabortista y la denominada, quizá más correctamente, postura antiabortista. Como señalan muy acertadamente diferentes autores (Bernal, 2003), (Faúndes y Barzelatto, 2005), centrar el debate en términos de la primera postura constituye una grave imprecisión, "se trata de una falsa disyuntiva". Nadie está a favor del aborto; nadie lo considera un bien en sí mismo; nadie lo promueve; no existen grupos "abortistas". En este mismo sentido, Lamas (2003) argumenta y aclara que cuando el debate se plantea en términos de "estar a favor o contra del aborto" se está abordando el tema de manera equivocada, puesto que estar a favor de la despenalización y legalización del aborto no equivale a estar a favor del aborto ni mucho menos promoverlo. Por ello, en este capítulo se aborda a los actores de estas posturas antagónicas entendiéndolas como "a favor de la despenalización y/o legalización de la práctica de aborto", o "en su contra".
Los grupos feministas
Como afirman varias autoras, el Movimiento Feminista en América Latina, en especial el desarrollado en los últimos años por las Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) de mujeres, se ha constituido en una de las instancias de interlocución social de mayor influencia en la opinión pública en relación con el ámbito de la reproducción y la sexualidad, así como de los derechos humanos de las mujeres (Scavone, 1999), (Correa et al., 1998), (Gruskin, 2001), (Lamas, 2001), (Pitanguy, 1999). En muchos países de la región, su intervención en el debate sobre el aborto ha sido decisiva en la construcción de un marco más amplio para el análisis y las acciones en torno a esta problemática. En el campo del marco conceptual, como señala Alfarache (2003), las fuertes críticas que desde la postura feminista se han hecho a la dicotomía público-privado a raíz del debate sobre aborto, han permitido entender y difundir la idea de que "si los derechos de las mujeres son violados en los espacios privados, ello incide nodalmente en sus posibilidades de actuación en las esferas públicas". En la arena de las acciones, dichos grupos son los que abogan y han luchado por la legalización y despenalización del aborto, logrando con ello, en algunos casos, frenar las iniciativas legales que tienden a restringir el derecho a la práctica del aborto y, en otros casos, ampliar las causales bajo las cuales se permite su práctica (Lamas, 1997 y 2003), (D’Atri, 2004), (Profamilia, 1993), (Htun, 2003), (y 1999). A su vez, es ampliamente reconocida la gestión de estos grupos ante diversos organismos internacionales para que el tema fuera abordado en las Conferencias Internacionales promovidas por instancias de las Naciones Unidas. Del mismo modo, su decidida participación en las discusiones y negociaciones se plasma en los acuerdos logrados en los planes y programas de acción emanados de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, y de la Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, así como en los foros y conferencias regionales e internacionales que les sucedieron (Ipas, 2002), (Rayas y Catotti, 2004), (Rayas et al., 2004), (Women's Health Journal, 1999 y 2003), (Gómez, 2000 y 2003), (Kulczycki, 2003), (Scavone, 1999). Su continua presencia en la prensa y en las diversas instancias públicas, a través de campañas y numerosas publicaciones, y su constante participación en foros y seminarios regionales y nacionales ha sido ampliamente constatada (ver más adelante).
Es relevante agregar que muchos de estos grupos se han dado a la tarea, entre muchas otras, de publicar materiales cuya finalidad es colaborar en las actividades, generalmente de gestión y defensa, en el tema de aborto. La idea es que no todas las organizaciones de la sociedad civil deban responderse las mismas preguntas o aprender las cosas desde cero. Así, por ejemplo, hay materiales tales como Incrementando el acceso al aborto seguro: estrategias para la acción, de la International Women’s Health Coalition (Germain y Kim, 1999), cuyo objetivo es mostrar las distintas alternativas para lograr aumentar el acceso a abortos seguros ahí donde la legislación contiene al menos una excepción a la prohibición, incluyendo las recomendaciones y los acuerdos sustentados en las Conferencias y otros instrumentos internacionales. Da ejemplos de estrategias utilizadas en otros países y ofrece una colección selecta de incisos de conferencias o tratados que pueden ayudar a asentar la necesidad de contar con servicios de aborto seguro.
Por otro lado, también existen múltiples recuentos de cómo se han presentado y discutido iniciativas de ley de aborto o incluso materiales cuya finalidad es presentar el estado de la legislación en el tema (Center for Reproductive Rights, 2003), (Faúndes y Barzelatto, 2005), (Rocha, 2005). Estas son fuentes útiles, que aportan al movimiento miradas a estrategias y situaciones concretas.
La Iglesia Católica: protagonistas diferentes
La jerarquía de la Iglesia y los grupos conservadores
En la mayoría de los países de América Latina y en algunos de El Caribe, la Iglesia Católica tiene una presencia importante a través de millones de adeptos, además de que en varios de estos países prevalece un clima político sumamente conservador que, en materia de sexualidad y reproducción, se caracteriza por un profundo arraigo de la moral y enseñanzas de la Iglesia Católica. Esta última ha mantenido y buscado incrementar su influencia sobre la sociedad. Para el logro de sus fines en varios países de la región, la Iglesia oficialista ha fomentado la creación de una red de organizaciones "laicas" que ha logrado posicionarse como una fuerza importante en el panorama político, lo que ha redundado en el apoyo que ha recibido, sea de manera implícita o explicita, de algunos de los gobiernos y figuras políticas de la región y de otras instancias fuera de ella (Kulczycki, 2003), (Htun, 2003). Su fuerte influencia ha llevado a algunos gobiernos a redefinir sus intervenciones en el campo de la salud reproductiva, como ha sido el caso de Argentina durante el gobierno de Ménem, en Perú con Fujimori y Toledo. También es la situación de México, donde el actual partido en el poder (Partido Acción Nacional), que representa las posturas más conservadoras, ha favorecido la mayor participación de la jerarquía de la Iglesia Católica y el activismo de este tipo de organizaciones, algunas de las cuales, como Provida, han recibido importante financiamiento por parte del gobierno federal (Rayas y Catotti, 2004), (Rayas et al., 2004), (Kulczycki, 2003), (Women’s Health Journal, 2003), (Bianco, 2002), (Borland, 2002).
Más aún, su poder ha quedado claramente documentado en la medida en que la Iglesia ha logrado frenar y en algunos casos revertir iniciativas legislativas tendientes a la despenalización o legalización del aborto inducido. Por ello la jerarquía de la Iglesia, junto con sus grupos ultra-conservadores, como el "Opus Dei" o "Provida", que se autodefinen como asociaciones laicas, pero están claramente ligadas al pensamiento más atávico de la jerarquía de la Iglesia, son los principales exponentes de la postura antiaborto. Provida ha sido uno de los actores más reconocidos, visibles y constantes en el debate sobre el aborto, de ahí que haya sido descrita como "la fuerza civil armada de la Iglesia Católica" (Kulczycki, 2003) por el fuerte apoyo que recibe de esta institución, además del que proviene de otros grupos conservadores. Su presencia es amplia en la región, ya que al menos se encuentra en 15 países de la misma. Su activismo y la defensa de sus argumentos se manifiesta en múltiples arenas; no sólo se ha limitado a los espacios gubernamentales de toma de decisiones sobre políticas relacionadas con la sexualidad y la reproducción, a las organizaciones de profesionales de la salud, a las conferencias internacionales, a intentar restringir los apoyos financieros para la acción e investigación, sino que también ha comprendido el acoso y actos violentos de que son objeto las clínicas de aborto en diversos países de la región (Htun, 2003).
No obstante lo anterior, las evidencias resultantes de diversas encuestas levantadas en la región acerca de la opinión de los y las católicas sobre los temas de sexualidad, anticoncepción y aborto (ver más adelante) y, sobre todo, la elevada práctica del uso de métodos anticonceptivos modernos y la ocurrencia de abortos voluntarios, muestran claramente lo paradójico de la situación ante el incumplimiento de las normas católicas por parte de la gran mayoría de la población que profesa esta religión.
Una expresión de disidencia dentro de la Iglesia Católica
Cabe subrayar y destacar la presencia de otro actor, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que ha sido muy importante y activo en la región, a pesar de que no cuenta con los recursos ni el poder político de la jerarquía de la Iglesia Católica. Su postura con respecto a las enseñanzas y normatividades religiosas en materia de sexualidad, reproducción y aborto es distinta a la sostenida por la Iglesia Católica, y muestra que en estos temas no existe una posición hegemónica dentro de la Iglesia, sino una diversidad de posturas (Mejía, 1996), (Güereca Torres, 2003). CDD es un movimiento de mujeres católicas, comprometidas con la búsqueda de la justicia social y el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en las sociedades contemporáneas, orientado a promover los derechos de las mujeres, así como a mejorar las condiciones de equidad en las relaciones de género y a pugnar por la ciudadanía de las mujeres en la sociedad y al interior de las Iglesias.
Desde sus inicios, CDD se ha articulado con otras redes regionales tales como la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y El Caribe (RSMLAC), el Comité para América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), y la Campaña 28 de septiembre para la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Ha tenido, además, un papel muy activo en el debate nacional, regional e internacional en torno al aborto y en cuestiones relativas a la reproducción, sexualidad, y salud de las mujeres; en las conferencias internacionales enfrentó, con argumentos teológicos bien fundamentados, las posiciones del Vaticano. Su presencia en el debate público nacional de los diversos países latinoamericanos en que trabaja comprende diversas actividades, entre las que destaca una publicación periódica, Conciencia latinoamericana, en la que se difunden principalmente reflexiones ético-religiosas, así como múltiples temas relacionados con el ámbito sexual y reproductivo de las mujeres. Además esta organización participa en la creación de espacios de discusión de los temas antes señalados (Mejía, 2003), (Rosado Núnes y Soares Jurkewicz, 1999). Es notable que tanto CDD como su contraparte, Catholics for a Free Choice, cuentan con una amplísima variedad de publicaciones, en varios idiomas, que cubren temas como la exposición de sus posturas ante diversas cuestiones, lineamientos para desarrollar actividades de gestión y defensa, análisis de la actuación de la Iglesia Católica en diversos ámbitos (Kissling, 1998), entre otros.
Organismos internacionales y regionales
Uno de los principales organismos internacionales que ha promovido, propiciado e intervenido en este debate, otorgando información y un medio para modificar posturas a nivel internacional, principalmente a partir de instancias como la Conferencia Mundial de Población celebrada en El Cairo en 1994, es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En estas Conferencias, como en las reuniones nacionales y regionales preparatorias a éstas, no sólo se ha evidenciado la confrontación de diversas posiciones, sino que, sobre todo, se ha logrado llegar a acuerdos que han culminado con la asunción de compromisos por parte de los gobiernos mediante los programas de acción emanados de estas conferencias, cuyos aportes en el campo de la sexualidad y la reproducción habían sido inéditos. Dichas instancias ofrecieron un marco conceptual y operativo centrado en el derecho a la decisión libre y responsable sobre el número y espaciamiento de los hijos (pero sin considerar el derecho al aborto), en la obligación de los gobiernos de poner a disposición de la población la información, educación y demás medios para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en las Conferencias, así como en promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones que afectan su salud y sus derechos, en la incorporación del varón, así como un enfoque integral en torno a la salud reproductiva (Rayas y Catotti, 2004), (Rayas et al., 2004).
Los acuerdos suscritos con respecto al aborto en el Programa de Acción de la CIPD (Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo) de 1994 estipulan que en ningún caso el aborto debe promoverse como método de planificación familiar, y que la ocurrencia del mismo en condiciones inadecuadas es un importante problema de salud pública y de salud de la mujer (Naciones Unidas, 1995) (§ 8.25 y 8,26). Las recomendaciones emanadas del mismo se orientan a instar a los gobiernos y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a incrementar su compromiso para atender los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones inadecuadas y a reducir el recurso al aborto mediante el mayor acceso a servicios de planificación familiar y mejor calidad de los mismos. Se advierte muy claramente que la atención de los abortos o de las complicaciones derivadas de los mismos en los servicios de salud, debe otorgarse de conformidad con la legislación de cada país. La CIPD+5 reitera dichos consensos al urgir a los gobiernos, a través de los sistemas de salud, a que capaciten y equipen a los prestadores de los servicios de salud y a que tomen otras medidas para salvaguardar la salud de las mujeres y asegurar que el aborto se realice en condiciones adecuadas y sea accesible en los casos permitidos por la ley (Rayas y Catotti, 2004), (Rayas et al., 2004).
Por su parte, la Plataforma de Acción de Beijing, además de refrendar los acuerdos anteriores, enfatiza las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, entre clases sociales y grupos étnicos, reconociendo que en el caso del aborto en situaciones inseguras son las mujeres más pobres y jóvenes las que están expuestas a mayores riesgos (Naciones Unidas, 1996). Los compromisos de los gobiernos en los ámbitos de la salud reproductiva en general, y del aborto en particular, emanados de dichas conferencias internacionales, se han convertido en elementos importantes que forman parte del debate público y que sustentan las acciones del movimiento feminista, ya que en la mayoría de los países en desarrollo estos compromisos no se han traducido en acciones gubernamentales.
Es interesante notar la sinergia entre otras instancias internacionales, tales como los diversos comités a cargo del seguimiento de los compromisos nacionales ante los pactos y convenciones de las Naciones Unidas –cuyo carácter es vinculante, a diferencia del de las conferencias- y el movimiento de mujeres. Muchos comités reciben documentación de la sociedad civil organizada y en ocasiones incluso se reúnen con personas que la representan y que asisten a las reuniones de revisión de la situación que prevalece en los diferentes países. Con base en esta información y en la presentada por los estados, los comités emiten recomendaciones a los gobiernos de los países, mismas que pueden e incluso suelen incluir los puntos puestos de relieve por la sociedad civil. Un ejemplo de uso exitoso de estas recomendaciones se ve en la reciente modificación de la legislación de aborto en Colombia el 11 de mayo del 2006. Mónica Roa, la abogada que presentó el recurso de inconstitucionalidad de la legislación colombiana de aborto ante la Corte Constitucional, echó mano tanto de observaciones de organismos de seguimiento a los derechos humanos de las Naciones Unidas que mencionaron que las leyes colombianas violan el derecho fundamental de las mujeres a la vida y a la salud, así como de pronunciamientos anteriores, sobre otros casos, de la Corte Constitucional, en el sentido de que el derecho internacional tiene preeminencia sobre el nacional (The Economist, 2005).
Es importante reconocer que, aunque las instancias ligadas a las Naciones Unidas suelen distanciarse del debate mismo en torno al aborto, su preocupación por los derechos humanos expresados en pactos, convenciones, conferencias, etc., sí constituyen posicionamientos, por lo general favorables, que las personas que abogan por el derecho al aborto seguro pueden, como vimos, utilizar en aras de avanzar su agenda. El peso de esta organización multilateral obliga a los gobiernos parte a dar seguimiento a sus recomendaciones, al menos en cierto nivel, ya que se reconoce la dificultad para que estos acuerdos se trasladen a la práctica, no sólo al nivel de los ordenamientos jurídicos, sino a la realidad.
Entre otros organismos y agencias internacionales y regionales, diferentes de las organizaciones de las Naciones Unidas, que han jugado un papel importante en el debate sobre aborto en la región, están la Organización Mundial de la Salud, el Population Council, la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, entre otros. A través de sus propias investigaciones, de la realización de eventos académicos y del apoyo otorgado a la academia y a las organizaciones no gubernamentales, estas instancias han promovido y apoyado el análisis de aspectos relevantes del aborto y de sus implicaciones para la población, así como la difusión de los mismos. Algunas instituciones dedicadas estrictamente a la investigación, con énfasis en la investigación para la acción, también han publicado materiales de gran importancia como insumos para el debate en torno al aborto. Un ejemplo invaluable es el Instituto Alan Guttmacher, cuyas publicaciones suelen volverse hitos para las colegas del movimiento por los derechos reproductivos. Estos insumos en general han sido muy importantes para sustentar las actividades de gestión y de debate que realizan las organizaciones no gubernamentales (Kulczycki, 2003).
El Estado y sus instancias ejecutiva, legislativa y judicial. Los partidos políticos
El Estado a través de sus diversas instancias constituye uno de los agentes más importantes ya que, además de ser el interlocutor de las distintas fuerzas políticas, es la instancia sobre la que hay que ejercer influencia para modificar el estatuto legal del aborto, así como para realizar otras intervenciones en el ámbito de la prestación de servicios de salud, de la jurisprudencia, de la educación e información relacionadas con el aborto. El Estado es el ámbito depositario de los recursos materiales y políticos necesarios para implementar las soluciones en la cuestión del aborto, y por ello la voluntad política, en especial del aparato ejecutivo, resulta un factor crucial. Sin embargo, en algunos países como México, y a diferencia de las posturas con respecto al crecimiento de la población y a la planificación familiar, el Estado ha jugado un papel controversial en el debate en torno al aborto. Para Kulczycki (2003), en México, "el Estado aún no ha concebido su propio discurso sobre el asunto. El Estado ha mediado entre los actores comprometidos… Sin embargo, su creciente inhabilidad para neutralizar de inmediato el conflicto muestra su reducido control en relación con el curso del debate". En el marco de los compromisos adoptados por los gobiernos a raíz de las Conferencias de Población de la última década, en muchos de los países de la región, el Estado ha reconocido que el aborto es un problema de salud pública, sin embargo ha hecho muy poco para garantizar el acceso legal y seguro a este procedimiento en las instituciones públicas de salud en los casos en que está permitido por la legislación. Por otra parte, si bien es cierto que en la práctica el delito de aborto no se persigue ni se aplican las sanciones previstas en las leyes de cada país, también lo es que "una serie de obstáculos políticos bloquean de manera notable la reforma legal sobre el aborto; entre éstos destacan el uso de la cuestión del aborto para otros fines" (Kulczycki, 2003).
El debate sobre los cambios legislativos ha sido y continúa siendo un tema importante en las discusiones políticas de los Congresos. Este se ha intensificado en las dos últimas décadas en algunos países, sobre todo en aquéllos donde las legislaciones son más restrictivas, en donde existen movimientos feministas de mayor trayectoria y más organizados, y en aquellos que han alcanzado condiciones más democráticas (Rocha, 1996), (Casanova Guedes, 2000), (Nunes y Delph, 1995), (Rayas y Catotti, 20004), (Rayas et al., 2004). Sin embargo, la consideración de la cuestión del aborto en las agendas y propuestas de los partidos políticos sigue siendo demasiado controvertida y con insuficiente ganancia política (Kulczycki, 2003). En este círculo, los partidos políticos, así como las instancias ejecutivas, no escapan a la influencia directa o indirecta de los grupos sociales y políticos extraparlamentarios, en particular de la Iglesia Católica y los grupos conservadores y, a pesar de los esfuerzos y gestiones de los grupos feministas y del consenso internacional y compromisos asumidos por los gobiernos, son pocos los partidos políticos y los ámbitos ejecutivos que consideran que deben reformar las leyes. Su actuación en esta problemática ha estado marcada por el uso político y con fines electorales, respondiendo así a intereses partidistas (Latin American Weekly Report, 1991), (Lamas y Bissell, 2000), (Lerner y Salas, 2003), (Ortiz Lemus, 1992), (Ortiz Ortega, 2001). No obstante, como muestra Htun (2003) al analizar la situación en Argentina, Chile y Brasil, hay diferencias importantes entre estos países en el clima político e ideológico y en la participación de estos distintos actores sobre la cuestión del aborto, situación extensiva al resto de los países de la región. Sin duda, Brasil ha sido uno de los países en donde la influencia de las fuerzas progresistas ha logrado no sólo mantener un intenso y continuo debate público en las instancias gubernamentales y entre otros actores, sino también ha logrado la expansión de las circunstancias sanitarias bajo las cuales se permite y realiza el aborto.
En otros países de la región, como en Perú, prevalece, pese a transformaciones a favor de la democracia, un enquistamiento de fuerzas identificadas como fundamentalistas, que sistemáticamente han desmontado los avances que había en el país en materia de salud sexual y reproductiva (Chávez, 2003).
Como parte de las implicaciones de la intervención del Estado en el debate, no podemos dejar de lado la postura y las políticas restrictivas del gobierno de los Estados Unidos en la última década, negándose a reafirmar los compromisos adquiridos a partir de las conferencias internacionales. Su influencia no sólo ha incidido en frenar y revertir los logros en el área de la salud y los derechos reproductivos, reestableciendo la Ley Mordaza, que prohíbe a las organizaciones que reciben fondos de ese país tocar el tema del aborto, sino también ha tenido consecuencias devastadoras en las actividades de las asociaciones feministas y en algunos programas de salud reproductiva sean de gobiernos o privados. La oposición a la agenda de salud la reproductiva también ha adquirido mayor visibilidad por la elección de presidentes conservadores en varios países de la región, por la presencia en puestos directos dentro del gobierno de representantes de grupos de ultraderecha, como por ejemplo en el caso de México y Nicaragua, y en general por la creciente influencia de las fuerzas conservadoras (Rayas y Catotti, 2004), (Rayas et al., 2004).
Los profesionales de la salud
Las instituciones y los profesionales de la salud han sido actores controvertidos en este debate en el que, sin embargo, ocupan una posición única pues activamente o por omisión, ellos median las decisiones reproductivas de sus pacientes tanto como la política en materia de población y de salud reproductiva (Gogna et al, 2002). Si bien jugaron un rol activo en diversos países de la región para apoyar la planificación familiar en sus inicios (Mundigo, 1996), han sido en su mayoría mucho más pasivos y conservadores para asumir y defender una postura en torno al aborto. Como gremio, los profesionales de la salud en la región están lejos de tener una postura única frente a la despenalización y legalización de la práctica del aborto inducido. Si bien la mayoría de estos profesionales reconoce que se trata de un problema de salud pública, ello ha sido insuficiente para que ganen visibilidad y fuerza como actores en el debate. La literatura da cuenta de un papel intermitente, reservado y relativamente aislado en el debate, en el que la mayoría de los médicos que han ocupado y ocupan posiciones de poder no han contribuido a generar cambios importantes en la práctica y atención del aborto, por motivos que van desde convicciones propias respecto a cuestiones como la sexualidad, la salud reproductiva y la maternidad; temores a sanciones legales o morales o bien por la estigmatización de que pueden ser objeto si opinan al respecto, hasta obtener ventajas económicas al practicarlo de manera ilegal (Elú, 1992), (Gogna et al., 2002), (McNaughton et al., 2002), (González de León-Aguirre, 1994). En algunos países, la comunidad médica recién ha iniciado una movilización más organizada para abordar el problema del aborto que se realiza en condiciones de riesgo, destacando como parte de sus argumentos centrales que la práctica del aborto inducido en condiciones de riesgo es uno de los principales factores que contribuyen a las altas tasas de mortalidad y morbilidad de las mujeres, y en particular de la morbimortalidad materna (Rayas y Catotti, 2004), (Rayas et al., 2004). Sobresalen en este sentido el personal médico de Uruguay y de Brasil. Los primeros fueron fundamentales al crear su grupo Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, y lanzarse a hacer una investigación que atendiera las razones de un aumento del 47% en la tasa de mortalidad materna en el 2001. El resultado fue, además de la publicación de un libro que describe las consecuencias del aborto inseguro, la redacción de normas pre y post aborto con el fin de abordar el aumento de abortos practicados en condiciones de riesgo como factor relacionado con la mortalidad materna (Rayas y Catotti, 2004), (Rayas et al., 2004). Por su parte, en Brasil, el sector médico se ha mostrado sensible y activo en temas de salud y derechos reproductivos de las mujeres. La Federación Brasileña de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FEBRASGO) ha ejercido una importante influencia de cara a la opinión pública en temas relacionados con el aborto legal, así como ante similares asociaciones de médicos en la región (Rayas y Catotti, 2004), (Rayas et al., 2004). Su producción de materiales respecto a aborto es singular, comparada con la de otros países de la región.
Los profesionales de la salud incluyen no sólo a médicos y médicas, sino también otros profesionales, tales como enfermeros, parteras, estudiantes de medicina, farmacéuticos y también el sector informal (vendedores de plantas, curanderos/as, etc.) que fungen como provedores . Los farmacéuticos juegan un papel muy importante en algunos países, a través de la venta de productos abortivos o que son considerados para tales fines (Pick de Weiss,1999).
La academia/los investigadores
Son bien conocidas las dificultades y limitaciones que existen en los países de América Latina y El Caribe, así como en países de otras regiones, para contar con información precisa sobre la magnitud del aborto, sus características y sus consecuencias. La contribución de los investigadores, tanto de las ciencias médicas, como en especial de las ciencias sociales, ha sido crucial para arrojar luz en aspectos teóricos, metodológicos, sociales, culturales, legales, filosóficos, políticos y éticos del estudio del aborto. La literatura sobre el tema muestra los aportes realizados por estos actores en la medición de la incidencia del aborto; en el desarrollo de metodologías y técnicas innovadoras para obtener mejores estimaciones; en el conocimiento de las características y motivos de las mujeres que recurren al aborto; en las consecuencias asociadas al mismo, en especial como resultado de las condiciones de alto riesgo en que se practica el aborto; en la relación entre el aborto y la anticoncepción; y en la eficacia y efectos de los distintos métodos abortivos. Desde una perspectiva más amplia, también han abordado temas tales como el papel de las inequidades sociales, de género y el rol del varón y de otros actores en las decisiones reproductivas y frente al aborto; las circunstancias del acceso a servicios de calidad en la atención hospitalaria del aborto y postaborto; y los problemas sociales, psicológicos y legales que se derivan de las condiciones en que se practica el aborto (ver los capítulos siguientes). Además, han propuesto agendas de investigación y han hecho recomendaciones para el diseño e implementación de las intervenciones en este campo. Es en estos aspectos donde los investigadores han jugado un papel fundamental en el debate, proveyendo los resultados de sus investigaciones y sus puntos de vista que permiten, a su vez, una discusión cada vez más amplia, científicamente fundamentada y objetiva. Testimonio de la participación de estos actores es la amplia base de referencias bibliográficas que se presenta en esta publicación
Los estudiosos del tema del aborto en la región han estado históricamente vinculados a otros actores, como son los grupos feministas y los organismos internacionales, en un trabajo conjunto que ha permitido a unos y otros ganar visibilidad en la presentación de los argumentos a favor de la despenalización/legalización del aborto y sus implicaciones. Sin embargo, como señalan acertadamente LLovet y Ramos (2001), las dimensiones políticas y públicas del aborto no han sido una línea de investigación prioritaria ni sistemática en la región, situación que en parte obedece a la casi total ausencia de la ciencia política entre los diversos investigadores y disciplinas que realizan investigación en el campo de la reproducción. Cabe agregar el papel, aún reducido, de los especialistas en derecho y abogados, encargados de la elaboración de leyes y de la impartición de justicia, cuya contribución en el análisis y reflexión sobre el derecho a la vida a partir de una concepción de la dignidad humana y de los derechos de los individuos es sumamente necesaria y prioritaria (Rosas Ballinas, 1998), (Ugaz, 2000).
Los medios de comunicación
Los medios masivos de comunicación han jugado un papel importante como ámbito del debate público reciente. Como transmisores de las diversas opiniones en torno al tema han logrado otorgar visibilidad a los actores y a las diversas posturas tanto a favor de la liberalización de las leyes y despenalización del aborto, como a los intentos para reformarlas y hacerlas más restrictivas a fin de sancionar la práctica del aborto en toda circunstancia. Han sido relevantes, por ejemplo, en la difusión de determinadas discusiones desatadas por hechos particulares en torno al aborto, como el caso de Paulina en México, el de Rosa en Nicaragua, o bien las tentativas de reducir las causales bajo las cuales se permite el aborto en el estado de Guanajuato, o de ampliarlas en el estado de Chiapas en México www.gire.org.mx (López Vigil, 2003).
Por su parte, los análisis que han sistematizado el debate público en la prensa nacional ilustran la pluralidad y riqueza de la polémica, de los argumentos, las réplicas y contrarréplicas por parte de distintos actores (GIRE, 1997), (Castillo, 2001), (Tarrés Barraza, 1993), (Tarrés, 1995), (Yam et al., 2005). La expresión del debate en torno al aborto en los medios es relevante, como señala Monsivais, porque esta es una manera en que el debate público [se vuelve] un instrumento político fundamental para el tratamiento y para las intervenciones en problemas sociales y políticos, ya que en él se reconocen puentes de entendimiento además del papel central que tiene en la formación de la ciudadanía (GIRE, 2001).
¿Cuáles son los principales argumentos alrededor de la despenalización del aborto?
Los términos del debate con respecto al aborto han ido cambiando en el tiempo, sobre todo gracias a la evolución de los desarrollos conceptuales y argumentos feministas. Desde la postura a favor de su legalización/despenalización, este debate se ha dado en términos de la autonomía de las mujeres; la responsabilidad individual y la libertad de conciencia; los derechos sexuales y reproductivos; el empoderamiento de las mujeres; su salud física y mental ; las relaciones de poder y entre los géneros; lo público y lo privado; la ética; la ciudadanía y la democratización de las sociedades. Desde la otra posición, en contra de su legalización/despenalización, la consagración de la vida desde el momento de la concepción ha sido el principal término de debate, o al menos el más visible.
La intensidad y los resultados del debate no han sido los mismos para todos los países de la región y en ello, como ya hemos mencionado, ha jugado un papel importante el acceso a los centros de poder que tengan unos y otros actores, así como el avance del proceso democrático en ellos. En términos generales, las propuestas en los diferentes países se han adaptado a las circunstancias políticas y legales en ellos (Profamilia, 1993).
El movimiento feminista
"Los movimientos feministas de la segunda oleada han sido posiblemente el fenómeno subversivo más significativo del siglo XX, por su profundo cuestionamiento a los pensamientos únicos y hegemónicos sobre las relaciones humanas y los contextos sociopolíticos, económicos y culturales y sexuales en las que se desarrollaban. Los feminismos latinoamericanos han sido parte activa y fundamental de este proceso en la región" (Vargas Valente, 2002).
En los movimientos de liberación femenina de las décadas de los setenta y ochenta en Estados Unidos y en las democracias europeas, la lucha por la legalización del aborto jugó un papel central. Esta simbolizaba el derecho de la mujer a realizarse en campos diferentes y más allá del de la maternidad, a ser una persona con derechos propios, y a rechazar el continuar con un embarazo no buscado o no deseado. En los años setenta, la legalización del aborto se erigió en estandarte de las luchas feministas y asumió el carácter de defensa de la vida de las mujeres, de tal suerte que las feministas de aquel momento realizaban campañas específicamente sobre el derecho al aborto (Durand y Gutiérrez, 1999). Según estos autores, las pioneras feministas consideraban el control de la fecundidad como un bien moral, “la libertad y la responsabilidad de elegir”, del cual las mujeres no pueden ser privadas y al que deberían tener acceso sin poner su vida y su salud en peligro, argumento que, aunado al movimiento por la legalización del aborto, estuvo de manera permanente en la lucha por la legalización de la anticoncepción.
En muchos países de América Latina y El Caribe el movimiento feminista tiene una presencia visible en el debate sobre aborto a partir de los años setenta, debido, entre otras razones, al éxito que estaba teniendo el movimiento en Estados Unidos y Europa y a la organización de la Conferencia sobre las Mujeres, de Naciones Unidas, que tendría lugar en la Ciudad de México en 1975. Desde entonces ha variado notablemente el discurso y la forma de abogar por un cambio en la ley (Lamas, 2003). A continuación se presentan los argumentos principales que estos actores han esgrimido.
El derecho a decidir
En la década de los setenta, el feminismo de la región estuvo caracterizado por la autodeterminación, retomando el concepto de maternidad voluntaria que habían utilizado las italianas, y pugnaba por modificar las leyes de aborto para lograr su legalización, apoyando su argumentación en razones de justicia social y de salud pública (Lamas, 2001). A nivel mundial en la década de los ochenta, el movimiento feminista adoptó una estrategia centrada en "el derecho a decidir" ubicando, en muchos casos; A, la cuestión del derecho al aborto como una condición de autodeterminación y libertad de las mujeres. El concepto de derechos reproductivos es asumido por numerosas feministas que reclaman el cumplimiento tanto de nuevos como de antiguos derechos, coincidiendo en muchos países con el auge de las políticas de población. En este escenario, en la década de los noventa, el lenguaje de los derechos sexuales y reproductivos obtuvo una legitimación internacional, como resultado de las discusiones y acuerdos surgidos de las Conferencias de Naciones Unidas y del proceso que implicó la adopción de estos términos, primero en el espacio académico y en el movimiento de mujeres, y después en los documentos internacionales de Naciones Unidas, en las leyes nacionales y en el discurso público de los tomadores de decisiones.
La posición sustentada por las feministas que pugnan a favor de la despenalización del aborto se fundamenta en el derecho que tienen las mujeres a elegir si quieren ser madres y a tener la libertad para definir el número y espaciamiento de sus hijos, cuestión altamente relacionada con la autonomía de las mujeres, o su carencia. Reivindican así el libre acceso a la anticoncepción y al aborto y enfatizan el hecho de que las mujeres son dueñas de sus cuerpos antes que los otros y por tanto son ellas las que deben decidir libremente sobre él (Tarrés Barraza, 1993), www.decidir.org.mx). Para las defensoras de esta postura en la disyuntiva que trae consigo la práctica del aborto inducido, se debe privilegiar el derecho de la persona presente, la mujer que está embarazada, ante el proyecto de vida del feto (Ortiz Lemus, 1992). Se busca romper con la ideología impuesta por la religión católica a lo largo de la historia, tanto en lo que se refiere a la idea de que la sexualidad femenina no puede "ser", no se justifica por el placer sexual, sino que sólo con la maternidad, es decir, si esa tiene como finalidad la procreación, como en lo que tiene que ver con las limitantes impuestas a las mujeres que les quitan la posibilidad de proponer y optar por otras formas de vida dentro de un espacio social (Hierro, 2003).
La cuestión de los embarazos no planeados o no deseados y sus costos emocionales, económicos y sociales en la vida de las mujeres y sus familias, se ha erigido en uno de los argumentos centrales de las feministas vinculado estrechamente con el derecho a decidir (De Barbieri, 2003), (Lamas,2001), (y 2003). El hacer referencia a la importancia del producto, en el marco de la postura feminista, implica la necesidad de que todos los niños que nazcan realmente sean deseados (Ortiz, Lemus, 1992). Asimismo, se plantea que en los nuevos contextos "los encuentros sexuales se multiplican y los obstáculos, ideológicos y materiales, (hacia) una responsabilización de la vida sexual conducen no sólo a cientos de miles de abortos, sino también a miles de nacimientos de hijos no deseados. Estas criaturas, antes bienvenidas como un seguro para la vejez, son vividas como lastre en una sociedad que no ofrece apoyo al difícil trabajo de la crianza infantil" (Lamas, 2003). Por lo tanto, la resistencia de las mujeres ante las posibles excomuniones es indicativa de que aun cuando el aborto sea considerado un pecado por la religión católica, y por más que sea ilegal, para las mujeres que optan por interrumpir un embarazo no deseado ello significa "que para ellas, primero, está su conciencia; y que elegir la maternidad es un derecho que les pertenece"... (por lo que) "una maternidad voluntaria es la única opción legítimamente ética" (Lamas, 2003). Se señala, además, que el discurso ligado a la libertad de la mujer está asociado a la justicia social, ya que son las mujeres que pertenecen a los grupos de población más pobres quienes son las víctimas principales de las secuelas del aborto (Tarrés 1993).
El derecho a la salud
El lenguaje de los derechos sexuales y reproductivos se conjuga, también, con el de la salud sexual y reproductiva. Este binomio, salud y derechos, no es divisible conceptualmente ya que un ámbito implica al otro. El argumento del aborto como problema de salud pública se ha usado recurrentemente ya que remite a las consecuencias adversas de los abortos inseguros. Pese a que es inherentemente imposible cuantificar los abortos inseguros, las estimaciones que se han hecho y hacen son elocuentes de su incidencia y la morbimortalidad que acarrean. Sus costos como problema de salud, además, implican a la persona, a la familia, al sector salud, al sector laboral, a la sociedad en su conjunto (véase capítulo 7). “Los argumentos de salud pública buscan crear conciencia de la incidencia y prevalencia de los abortos inseguros, hablan de la capacidad o falta de ella de los sistemas de salud para proveer abortos seguros, identifican brechas en la disponibilidad del servicio y estiman sus costos” (Hessini, 2005). Un ejemplo del empleo de este tipo de argumentación es la publicación que sobre la falta de reglamentación del aborto terapéutico, el único permitido en Nicaragua, y sus efectos hizo Ipas Centroamérica y la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia (SONIGOB) (McNaughton et al., 2003). Es relevante recalcar que los argumentos de salud se aplican incluso en algunos países en que el aborto es legal (Nunes, 2001).
Algunas organizaciones que tradicionalmente han trabajado más de cerca con el sector salud, como Ipas o el Population Council, han producido documentos y publicaciones cuyo fin es generar conciencia entre las personas profesionales de dicho sector (Ipas, 2001), e incluso se han vuelto co-partícipes de éstos en talleres, campañas de gestión y defensa, y publicaciones. Se alude al papel fundamental del personal del sector salud en la provisión de abortos seguros ahí donde hay causales legales, así como a su responsabilidad médica y ética. En este contexto, las argumentaciones en torno a la bioética, entendida de una manera progresista y liberal, han otorgado un marco más para profundizar el debate en torno al aborto (www.andar.org.mx; www.gire.org.mx.
En los países donde las leyes son restrictivas, las causales bajo las cuales se despenaliza el aborto se basan, principalmente y de manera casi unánime, en cuestiones vinculadas con la salud, evocando así el mismo principio que se plasmó al inicio de los programas de planificación familiar: para preservar la salud de la madre y el niño. Como se mostró en el capítulo anterior, el aborto se permite en muchos países para salvar la vida de la mujer, para preservar su salud física o mental, o por malformaciones del feto. Este es el caso, también, de la reciente despenalización del aborto por tres causales en Colombia: riesgo a la vida o a la salud de la mujer; malformaciones fetales severas y por violación (este último caso incluye, además, la protección de la autonomía y la integridad personal (The Economist, 2005). La problemática en torno a la violencia sexual está ligada tanto al aborto como a la salud física y mental de las mujeres. Por ejemplo en México y en Brasil algunas organizaciones de gestión y defensa han vinculado la provisión del aborto en casos de violación como parte de los servicios integrales de atención a víctimas de violencia. Este es una línea muy relevante del debate en la región, ya que las legislaciones de 9 países de América Latina y El Caribe permiten el aborto si el embarazo es resultado de violación o incesto (Hessini, 2005) (ver capítulo 1).
Una línea argumentativa más reciente, enarbolada por diversos actores institucionales y personales, se refiere a la mención del derecho al aborto como parte de los derechos humanos. Hay diversos materiales recientes que incluyen listados de algunos derechos y su aplicación al aborto. Entre los derechos mencionados se encuentran: el derecho a la salud, a la vida, a vivir libres de discriminación, a no vivir trato inhumano o degradante, a la información, a vivir libres de violencia, a los beneficios del avance científico, a la igualdad, a la libertad de conciencia, a la intimidad y la confidencialidad, a decidir el número y espaciamiento de los hijos www.decidir.org; (HRW, 2005).
Esta línea argumentativa, relativamente nueva, tiene como antecedente el trabajo sobre derechos reproductivos atados a una perspectiva de derechos humanos para la que “la promoción y protección de la salud requiere de esfuerzos concretos y explícitos para promover los derechos humanos y la dignidad” (Gruskin y Grodin citadas en Yanda et al., 2003). Incluir este punto de vista implica notar los efectos negativos sobre la salud de factores tales como la disparidad social, la discriminación y la violencia de género por ejemplo.
Una cuestión de justicia social
La lucha de las feministas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres no sólo se ha manifestado en los intentos por despenalizar el aborto; en la actualidad la discusión gira en torno a las condiciones en que las mujeres abortan y podrían abortar, ya que ellas lo hacen a pesar de la prohibición legal. En la región se ha observado que aun en aquellos casos en que la ley permite la práctica del aborto, se conjugan múltiples factores para que el ejercicio de este derecho sea sumamente difícil. Entre ellos, el discurso feminista enfatiza la exigencia democrática que demanda un acceso igualitario al servicio médico de interrupción del embarazo no deseado como una cuestión de justicia social, ya que obtener un aborto en condiciones seguras está condicionado por la capacidad económica de las mujeres (Women’s Global Network for Reproductive Rights Newsletter, 1994). Mientras que son una minoría quienes tienen los medios económicos y la información necesaria para acceder a abortos en óptimas condiciones, la gran mayoría de las mujeres recurren a medios altamente riesgosos o clandestinos, que a su vez producen serias consecuencias para su salud física y mental, además del alto costo económico que esto último representa. "Concebir el aborto como un servicio de salud reglamentado en los hospitales públicos, es la única manera de no persistir en la injusta brecha de desigualdad por razones económicas que determina los riesgos (diferenciales e inequitativos) de mortalidad y morbilidad materna asociados a la practica del aborto y a su ilegalidad" (Lamas 2003).
Las desigualdades de género, la democratización y la ciudadanía
En los noventa, el feminismo se presenta como un movimiento social que permite a las mujeres convertirse en sujetos políticos activos, reivindicando y legitimando sus demandas y denunciando la situación de subordinación y desigualdad en la que viven. Así, surgen conceptos claves dentro del feminismo como empoderamiento y titularidad . El primero plantea el desafío a la dominación masculina y la subordinación femenina, la transformación de las estructuras y de las instituciones que refuerzan y perpetúan las discriminaciones de género y las desigualdades sociales, y posibilitan que las mujeres tengan acceso y control sobre los recursos materiales y la información. Por su parte, el segundo, como su nombre lo indica, remite a la definición de titularidad de los derechos (Durand y Gutiérrez, 1999). En este marco se elabora una revisión conceptual de un tema clave para cualquier reivindicación política y lenguaje de derechos, acerca del cual el movimiento de mujeres no queda excluido: la ciudadanía, que además se retoma como una de las principales banderas.
Uno de los pilares del debate más reciente se centra en el análisis y discusión del aborto como una cuestión estrechamente vinculada al proceso de redefinición de la identidad femenina frente a la masculina, a las relaciones de género y al rol que juegan los varones en la práctica del aborto y en general en el ámbito reproductivo. Al respecto Scavone (1999) señala que "el eje teórico más influyente que orienta el debate sobre la anticoncepción, el aborto y las técnicas anticonceptivas en América Latina proviene de las distintas corrientes de la crítica feminista y se fundamenta en los campos de la salud reproductiva, de los derechos reproductivos y de la ética y/o bioética, analizados desde la óptica de las relaciones sociales de sexo/género". Las feministas consideran que el aborto no es una cuestión deseable, y que incluso puede ser una experiencia traumática, pero que su despenalización/legalización es un punto importante a ganar en la recuperación del cuerpo de las mujeres no sólo frente a la ideología conservadora y frente al Estado, sino que también frente al varón en términos de las relaciones de género que prevalecen (Lamas, 2001), (Bernal, 2003). Castañeda Salgado (2003) señala que el cuestionamiento respecto al papel de los varones –en el desempeño de los roles de médicos, sacerdotes, dirigentes de asociaciones religiosas y de sociedades de padres de familia, abogados, jueces, ministerio público, cónyuge, pareja ocasional, etc.- se plantea no sólo a partir de su participación directa en los embarazos abortados, sino desde su postura como sujetos que se atribuyen el derecho de enjuiciar y castigar a las mujeres que abortan: "¿dónde están los hombres que participaron en los embarazos de las mujeres que deciden interrumpirlos? Se señala que las más de las veces juegan un papel contradictorio: son la presencia que obliga a tomar esta decisión (de abortar), pero estando ausentes; y, en todo caso, la presencia masculina sigue siendo fundamentalmente patriarcal y condenatoria de las mujeres. La creciente participación de hombres sensibles en la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y en la construcción de paternidades comprometidas es muestra también de las paradojas en que se desenvuelve este debate en la actualidad".
Si bien desde sus inicios el movimiento feminista, tanto de Estados Unidos, como de Europa y América Latina, avanzó en propuestas que unificaban la lucha de las mujeres con la lucha por la "recalificación" y/o la recuperación democrática, ligando la falta de democracia en lo público con la condición de las mujeres en lo privado, en la actualidad dicho argumento constituye otro de los pilares centrales del debate. La lucha por afirmar los derechos reproductivos en América Latina se da a la par de la lucha por los derechos básicos de la ciudadanía y ello constituye una especificidad de esta región (Vargas, 2002), (Scavone, 1999). Como advierte Lamas, "la interrupción voluntaria del embarazo remite a cuestiones centrales de la noción moderna de ciudadanía, tales como la autonomía personal, la no-intervención del Estado en la vida privada y la libertad de conciencia" Ello significa, a juicio de la autora, que ante la ausencia de un amplio debate público, así como de un clima político para discutir públicamente los contenidos específicos de la agenda de gobierno, los cambios legales con respecto al aborto obligan a recurrir a la protesta ciudadana para conseguir que este tema reciba un tratamiento jurídico respetuoso y socialmente igualitario (Lamas, 2003). Por ello, en el siglo XXI, la exigencia de la despenalización del aborto alude a la laicidad del Estado y la importancia que ello reviste en la construcción de la ciudadanía de todas las mujeres, siendo que el dilema actual se inscribe entre la libertad individual y la responsabilidad social (Castañeda Salgado, 2003), (Lamas 2003).
Finalmente, otro argumento en el debate sobre el aborto, es el reconocimiento del derecho al placer. Es indispensable reconocer que la sexualidad y las relaciones de género tienen gran trascendencia, por lo que se hace hincapié en la necesidad de otorgar formación sobre sexualidad, incluyendo componentes de género y poder, en diversos momentos de la vida y a todas las mujeres, y no sólo a las casadas o unidas. Reforzar la autonomía femenina en el ámbito público refuerza su autonomía en lo privado (Bono Olvera, 1999).
Finalmente, la tensión entre las dos posiciones antagónicas, -la que está a favor de la despenalización y legalización de la práctica del aborto y la que está en su contra- expresa proyectos distintos. Es posible que ambas estén de acuerdo en que hay que prevenir los abortos. Una discrepancia central y radical entre ellas es que unos opinan que hay que prohibir todos los abortos, mientras que otras señalan que hay que legalizar y despenalizar su práctica como medida sanitaria y de observancia de derechos. Mientras una postura aboga por una amplia educación sexual y un amplio acceso y difusión de los métodos anticonceptivos así como acceso a los servicios de salud, la otra argumenta que hay que restringir la actividad sexual dentro del matrimonio y propugna por la abstinencia sexual antes de éste, en particular para los jóvenes (Lamas, 2003). En este sentido, el movimiento feminista ha argumentado que la práctica del aborto no debería ser un tema tratado por el Código Penal, sino que debería ser regulado por ordenamientos de otras instancias y materias, ya que alude a un problema de salud pública, de desigualdad social, de inequidad de las relaciones entre los sexos y de respeto al ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales (Bernal, 2003), (Barsted, 1997).
La jerarquía de la Iglesia Católica y su postura ante el aborto
"La pretensión de hacerle creer al mundo que la Iglesia católica es un ente homogéneo esconde la diversidad de posiciones que existen en su interior sobre múltiples temas, especialmente sobre sexualidad, reproducción y aborto..." (Mejía, 2003).
La jerarquía de la Iglesia Católica ha sido uno de los actores más visibles, y de mayor fuerza y poder, en el debate en torno al aborto. La postura del pensamiento oficial en la actualidad es absolutamente antiaborto (entendida como oposición a su práctica y a su despenalización/legislación bajo cualquier situación y circunstancia) y sus manifestaciones más "exitosas" en el debate público han querido trasmitir la idea de unicidad de criterios respecto de la total criminalización de la práctica del aborto basada en el respeto a la vida desde la concepción del no nacido. Sin embargo, ésta no constituye, ni ha constituido, la única manera de entender la cuestión del aborto desde una perspectiva cristiana, y aún católica (Mejía, 2003), (Cazes Menache, 2001), (Maguire, 1991), (Hume, 1993), (Munera, 1994), (Fisher, 2000), (Encuentro de Investigadores sobre Aborto Inducido en América Latina y el Caribe, 1994). Como señalan Mejía y Careaga (1996:387), la doctrina oficial de la Iglesia Católica parte de un argumento taxativo que enmarca el problema moral en unos límites extremadamente estrechos, al considerar que "desde el momento mismo de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, existe una nueva persona humana, sujeta de todos sus inalienables derechos". A partir de esta cosmovisión del origen de la vida humana, como es ampliamente conocido,,la interrupción de un embarazo se constituye en homicidio de acuerdo con la postura de estos actores. La discusión gira en torno a la fundamentación incierta y compleja de este argumento, donde concurren distintas perspectivas científicas, como son la biológica, la genética, la fisiológica, la embriológica, así como la psicológica, la filosófica, la ética, la teológica y la jurídica.
La posición de la Iglesia frente al aborto ha cambiado en el tiempo, así como también han cambiado los argumentos que se enfatizan para sostenerla. Hurst en su ensayo sobre la historia de las ideas acerca del aborto en la Iglesia Católica Romana (Hurst, 1993), señala las incoherencias y preguntas no resueltas en el tratamiento que la Iglesia ha dado al aborto. Entre éstas destacan actualmente al menos dos preocupaciones: si se practica para encubrir pecados sexuales, y si esta práctica significa que se incurre en homicidio. Al respecto y ubicando la discusión sobre el aborto en el ámbito más amplio del cristianismo, la autora plantea que este debate debe tomar en cuenta, en primer lugar, la concepción hilomórfica que constituye un dogma cristiano esencial y que asume la integridad de cuerpo y alma y se opone a cualquier idea que separe la naturaleza corpórea de la espiritual. En segundo lugar, y en estrecha relación con el dogma de la concepción hilomórfica, se debe considerar la cuestión del momento en que el embrión se convierte en ser humano u hominización. Para ilustrar la importancia de este argumento en el debate sobre el aborto en el ámbito del cristianismo, Hurst cita al teólogo moderno Joseph Doncel, quien expresa que no puede haber mente antes de que el organismo esté listo para recibirla y no puede haber espíritu antes de que la mente sea capaz de recibirlo. Este último autor sostiene que no hay alma humana mientras el embrión se encuentra en el estado vegetativo de su desarrollo, y, por tanto , que tampoco hay persona humana durante las primeras semanas del embarazo.
Otro aspecto relevante del planteamiento sobre el aborto que esgrime la jerarquía de la Iglesia Católica, remite a la relación entre la sexualidad y la procreación, espacio donde se enfrenta la percepción arcaica de la sexualidad atada al fin de la procreación, que subyace en la enseñanza de la Iglesia. Para la Iglesia, el aborto siempre ha sido un pecado si sirve para encubrir evidencias de actos sexuales cuyo intento no sea la procreación, esto es la fornicación y el adulterio (Hurst, 1993), (Güereca Torres 2003), (Fisher, 2000), (Gudorf, 2004).
Los grupos conservadores encabezados por la jerarquía de la Iglesia pugnan por eliminar la autoderminación de la mujer en cuanto a su sexualidad y reproducción. Han tenido y tienen la fuerza política para influir sobre la reducción de fondos internacionales de asistencia a programas de salud reproductiva en los países en vías de desarrollo (Mundigo, 2005) potenciados, por ejemplo, con medidas de impacto multinacional impulsadas desde el gobierno de los EUA, tales como la Ley Mordaza o de la Ciudad de México, que prohibe a las ONG que reciben fondos de la USAID (Agencia para el Desarrollo del gobierno de los EUA) desarrollar programas o intervenciones que toquen el tema del aborto (Mollmann y Chávez, s.f.).
Diversos autores han manifestado que no hay de modo alguno acuerdo dentro de la Iglesia sobre la interpretación del aborto, aunque la perspectiva hegemónica en el tema es la de rechazo absoluto. Para Melo lo importante es "comprobar que no hay unanimidad en la Iglesia sobre la interpretación del aborto en términos de homicidio y que las corrientes teológicas de tiempos anteriores sobre la animación del feto se reflejan claramente en la legislación penitencial eclesiástica, haciendo variar las penas debido al aborto" (Melo, 1994). Como señala Mejía "....duele aún más saber que la Iglesia oficial de nuestros días desconoce la riqueza y variedad de posiciones que ha habido en teología moral en la historia del catolicismo. En algunos aspectos vitales, la Iglesia constitucional y el pueblo de Dios hablamos el mismo idioma: este es el caso de la justicia social y de los derechos humano, pero hay otros en los que los desencuentros son cada vez más profundos" (Mejía, 2003).
La despenalización del aborto y el derecho a decidir desde los grupos progresistas de orientación cristiana
"Hacia fuera de la Iglesia, en los ámbitos feministas y del movimiento de mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) es el único grupo que se define como católico, y que desde esa perspectiva ha producido estudios sobre la historia y las consecuencias de la moral católica tradicional en la vida cotidiana de las mujeres y en los valores culturales latinoamericanos. Para los demás grupos feministas no tiene sentido polemizar con la Iglesia; ante el hostigamiento clerical argumentan desde la defensa del laicismo: una iglesia sólo puede imponer sus criterios a sus fieles, no convertirlos en ley para la sociedad civil. CDD de Latinoamérica comparte esta distinción, pero reconoce la necesidad de discutir desde el seno de la misma Iglesia el peso ideológico y cultural de 500 años de evangelización cristiana ibérica en Latinoamérica, que es parte de nuestra identidad y trasciende la práctica confesional concreta; esto es, la culpabilización infundida por la Iglesia en la sexualidad y en el desarrollo personal de las mujeres excede ampliamente los límites de los católicos practicantes para confundirse con una moral social, y esa moral debe ser trabajada y modificada desde sus raíces" (Católicas por el Derecho a Decidir, s/f,). Con esa misión, CDD ha provisto a los diferentes grupos laicos por la defensa de los derechos de las mujeres, sólidos argumentos para incluir en sus documentos y publicaciones, como lo demuestra, por ejemplo, un estudio entre proveedores de servicios de salud en Honduras, en cuyo segundo capítulo se esgrimen aseveraciones propuestas por este grupo (Centro de Derechos de Mujeres, 2004). La presencia de CDD en América Latina es un bastión de enorme importancia.
En la región de Latinoamérica CDD, cuya oficina regional fue fundada en 1987, representa, como se mencionó anteriorimente, un movimiento muy importante, quizás no en términos numéricos, pero si desde el punto de vista de la diversificación y divergencia de los términos del debate en la Iglesia Católica y de las acciones desarrolladas que, desde el cristianismo, trabajan a favor de la despenalización del aborto. Como plantean Rosado Nunes y Soares (1999), integrantes de CDD en Brasil, "en contraposición a las propuestas condenatorias del aborto, se encuentra otro discurso católico, con más gradaciones, que va desde hacer explícita la duda sobre la posición de la Iglesia, hasta la justificación de la decisión en favor de la interrupción del embarazo como un comportamiento moral e incluso religiosamente defendible". Estas mismas autoras afirman que "paralelamente a los documentos oficiales de la Iglesia, existe un conjunto de textos de carácter teológico y pastoral que validan ética y religiosamente la decisión de las mujeres por el aborto. Esos argumentos, sin embargo, tienen poca visibilidad pública, dada la represión de la Iglesia a discursos disonantes del oficial" (Rosado Nunes y Soares 1999), (CDD, 1998), (Franzoni, 2002).
Inicialmente este grupo conformado por mujeres católicas, tenían como propósito central trabajar en el ámbito de la salud, con la intención de "contribuir en la reflexión y construcción de una ética de la sexualidad y de la procreación basada en la justicia, comprometida con la búsqueda de dignidad y mejor calidad de vida para las mujeres" (Rosado Nunes y Soares, 1999). Posteriormente, sumado a lo anterior, la propuesta y acciones de este grupo se encaminaron a dar a conocer tanto el derecho a decidir de las mujeres como agentes morales capaces, como el derecho a disentir de las enseñanzas de la Iglesia que no han sido declaradas infalibles. Su argumentación, como una opción ética y moral, se centra en la defensa del acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces y en la despenalización del aborto como expresiones de la libertad de conciencia (Alanis, 2001), (Mejía, 2003), (Anónimo, 2002). En los países donde el estado es laico, como México, CDD defiende la laicidad estatal y social como elemento fundamental para la protección de las garantías individuales y para el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres (Mejía, 2006), (CDD, 2003).
La mayor legitimidad y sustento de sus argumentos, que se expresa en el clima secular predominante entre las sociedades católicas, se observa al considerar los resultados de varios estudios realizados por CDD acerca de las opiniones, actitudes y comportamientos de las y los católicos en diferentes países del mundo sobre diversos aspectos de la vida sexual y reproductiva, y sobre el aborto (Católicas por el Derecho a Decidir 2004), (Catholics for a Free Choice y Católicas por el Derecho a Decidir, 2003).
Los hallazgos de estos estudios muestran con claridad la enorme brecha y divergencia que existe entre las normatividades impuestas por la doctrina católica y la forma de pensar de la mayor parte de las y los fieles en temas relacionados con su sexualidad, con el divorcio, el aborto, la educación sexual, el uso de anticonceptivos, entre otros. etc. Asimismo, los resultados encontrados son indicativos de la diferenciación que establece la población católica entre el ámbito religioso, o público, y el privado, dónde se busca enfatizar la libertad de conciencia.
Con respecto al aborto, los resultados de las encuestas realizadas en Bolivia, Colombia y México, (que se encuentran en el texto “¿Que piensan las y los católicos acerca del aborto?) muestran que la opinión de una gran parte de las y los fieles se distancia de la norma establecida por la jerarquía: cerca de la mitad y casi dos terceras partes de los entrevistados declaran que los abortos deben ser permitidos en algunas o en todas las circunstancias (49, 56 y 60 por ciento respectivamente para cada país); porcentajes que aumentan considerablemente ante determinadas causas específicas, tales como cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando su salud está en riesgo, cuando la mujer tiene sida, por malformaciones del feto, y cuando el embarazo es resultado de una violación. A su vez, la mayoría de las y los católicos considera que la decisión debe ser exclusivamente de la mujer y de la pareja (79, 70 y 88 por ciento) y no debe estar en manos de la Iglesia Católica. Más aún, no es despreciable la proporción de quienes piensan que debe ser tomada sólo por la mujer, en particular para México (17, 22 y 33 por ciento), dada la fuerte influencia de las normatividades religiosas y culturales que prevalecen en estos países. Asimismo muchos católicos y católicas opinaron que por el hecho de que la mujer recurra a la práctica del aborto, no por ello deja de ser buena católica (50, 37 y 53 por ciento respectivamente), así como tampoco dejan de serlo las personas que apoyan a una mujer que se ha realizado un aborto (50,39 y 55 por ciento). Una mayoría se oponen a la expulsión de una mujer de la Iglesia Católica por haber tenido un aborto (74, 67 y 81 por ciento respectivamente). Con respecto a la práctica anticonceptiva, la abrumadora mayoría de las y los católicos han utilizado métodos anticonceptivos, y además opinan que los servicios de salud pública deben ofrecer dichos métodos de manera gratuita, así como promover el uso de condones para combatir el VIH/sida. En el caso de los y las adolescentes, los resultados de las encuestas indican que ellos deberían tener acceso a toda la variedad de métodos anticonceptivos incluyendo los prohibidos por la Iglesia Católica (Católicas por el Derecho a Decidir 2004), (Catholics for a Free Choice y Católicas por el Derecho a Decidir, 2003), (Catholics for a Free Choice, 2004).
Los argumentos o posturas de los y las profesionales de la salud
Las diversas posturas de los profesionales de la salud, que comprenden desde el médico hasta el auxiliar, no provienen únicamente de su formación profesional, sino que son resultado también de su ideología y creencias religiosas. Aun cuando la interrupción del embarazo se permita bajo ciertas causales, las creencias personales de estos actores influyen en la manera como acatan las disposiciones legales. De hecho, una actitud poco favorable de los prestadores de servicios de salud a la interrupción legal del aborto contribuye a agravar las posibles consecuencias de esta práctica o procedimiento. Las instituciones y los médicos que atienden las complicaciones que se presentan en los abortos inseguros, también controlan el acceso al aborto legal y, con frecuencia, la atención que dan a las mujeres va acompañada de discursos moralizantes y culpabilizadores y, por tanto, de una total falta de respeto hacia ellas.
La literatura da cuenta de los significados que la comunidad médica da al aborto, así como de las percepciones que tiene al respecto: ante todo se reconoce como un problema de salud pública, como uno de los principales factores que contribuyen a las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna, y con frecuencia se hace alusión a los importantes recursos que se requieren para la atención de las complicaciones de abortos (Faúndes y Ardí, 1997), (Faúndes et al, 2004), (Langer, 1999 y 2002 y 2003), (Langer et al., 2000 y 2002), (Elú, 1992), (Gogna et al., 2002), (McNaughton et al., 2002), (González de León-Aguirre, 1990 y 1993 y 1994), (Llovet y Ramos,1998), (Faúndes y Barzelatto, 2005). Sin embargo, estos argumentos no han sido suficientes para movilizarlos y convertir a los prestadores de servicios médicos y profesionales de la salud en actores constantes y activos del debate, a excepción de algunos valiosos integrantes de la comunidad médica que se han sumado a las actividades por disminuir las inequidades e injusticias ocasionadas por el aborto ilegal e inseguro. Las razones que subyacen a su escasa participación en el debate van desde consideraciones éticas y religiosas propias, hasta el desconocimiento del marco jurídico y/o la inadecuada comprensión e interpretación del mismo, pasando por los temores reales o supuestos de posibles sanciones. Otras razones esgrimidas son la preparación curricular médica que adolece de orientaciones para sensibilizar a los futuros profesionales sobre las necesidades y derechos de las mujeres, así como la ventaja económica que supone para algunos profesionales de la salud la realización clandestina de procedimientos de aborto. Adicionalmente, estos profesionales enfrentan dilemas éticos entre sus convicciones, las normatividades médicas vigentes y en ocasiones obsoletas, y el desarrollo tecnológico. Ejemplo de esto último es su postura ante los transplantes de órganos, la prolongación o suspensión definitiva de la vida de pacientes con enfermedades irreversibles y en coma, la reproducción asistida, la manipulación de embarazos, entre otras cuestiones que son hoy día altamente debatidas y que pertenecen al campo de la bioética, dentro del cual se sitúa el aborto (http://www.andar.org.mx).
En las posturas de los médicos con respecto al aborto hay que considerar dos aspectos sumamente relevantes. El primero es la dimensión institucional, cuya estructura autoritaria vertical implica para el personal del hospital acatar las disposiciones en materia de aborto legal, aunque también se reconozca "la objeción de conciencia" como elemento que algunos médicos utilizan para negarse a realizar abortos. Dentro del nivel institucional se encuentra en algunos países, como en El Salvador, la obligación de los médicos de reportar a las mujeres que acuden a los servicios con aborto incompleto y señales de que este fue inducido. Esto no sólo constituye una violación a los derechos de las mujeres, sino que incide sobre la obligación de guardar el secreto profesional entre el personal de salud (McNaughton et al., 2004). El segundo aspecto es el cultural, moral e ideológico, en donde no todos los profesionistas comparten la postura de la jerarquía católica o la que puede privar en general, en sus respectivos países respecto a la sexualidad y reproducción. Asi, por ejemplo, mientras la gran mayoría de ellos están de acuerdo con la utilización de métodos anticonceptivos modernos, en mucho menor medida lo están con la práctica del aborto bajo determinadas circunstancia, aun las más relacionadas con su quehacer como médicos (salvar la vida de la mujer, proteger la salud física o mental de ella).
Las opiniones y actitudes de los profesionales de la salud en torno al aborto son sumamente importantes, no sólo por su autoridad médica y su participación técnica en varios aspectos relacionados con el aborto -como las complicaciones del mismo o su práctica clandestina o legal-, sino también como actores claves que pueden influir en las reformas legales y en las condiciones en que éste ocurre. En la región se han efectuado algunos estudios sobre las opiniones y actitudes de los y las médicas ante el aborto, que revelan la coexistencia de posiciones diversas y encontradas, aunque destaca la presencia mayoritaria de una actitud más conservadora entre ellos, frente a una minoría de profesionales con una conciencia más amplia y clara del problema.
La prestación institucional de servicios para la interrupción del embarazo es un asunto que polariza las opiniones de los médicos y genera importantes controversias entre ellos. El negar o proporcionar estos servicios, aun en los casos permitidos por la ley, depende en gran medida del criterio personal de los profesionales de la salud, y/o del de las autoridades médicas de las instituciones donde laboran, pero estos criterios se encuentran altamente influenciados por grupos religiosos y conservadores (como han sido, por ejemplo, los casos de Paulina en México o Rosa en Nicaragua) (Reproductive Health Matters 2003), (Lamas et al., 2000), (Lamas y Bissell, 2000), (Gonzáles de León Aguirre, 1994).
En un estudio tipo KAP (conocimientos, actitudes y prácticas) entre prestadores de servicios de salud de las asociaciones de IPPF en seis países de América Latina con leyes de aborto restrictivas (los nombres de los países se mantienen ocultos para proteger la confidencialidad de quienes respondieron la encuesta), se buscaba conocer cuál era la voluntad y capacidad de estos prestadores de servicios de participar en actividades encaminadas a aumentar el acceso a servicios de aborto seguro. Se tomaron en cuenta 799 respuestas, que corresponden a las de los proveedores clínicos, que incluyen médicos, enfermeras/os, asistentes de enfermería y otras personas que proveen servicios de manera directa (Dabash, et al., s.f.). De manera consistente con los resultados de otras investigaciones, ésta encuentra que, pese a que los proveedores perciben que es apropiado ofrecer servicios de aborto como parte de los servicios de salud reproductiva, manifiestan también cierta incomodidad ante la posibilidad de verse involucrados personalmente con la prestación del mismo. Una importante mayoría (el 67%) estuvo de acuerdo en que la expansión de servicios para incluir servicios de aborto de calidad es un paso clave para disminuir los costos del aborto inseguro, pero sólo la mitad de los proveedores pensaba que su asociación debía ofrecer estos servicios. También cerca de la mitad (44%) expresaron que no se sentirían cómodos de trabajar en un sitio que diera el servicio de interrupción de embarazos.
Otros resultados ponen de manifiesto la influencia de las normatividades religiosas, legales y culturales vigentes. Respecto de la asociación entre creencias religiosas y aborto, uno de cada tres proveedores afirmaron creer que el aborto es un pecado, y cuatro de 10 dijeron que apoyarían la decisión de algún amigo/a o pariente de poner fin a un embarazo no deseado. En cuanto a la percepción sobre las mujeres que recurren al aborto, el 57% de los proveedores piensan que son irresponsables. En cuanto a las razones por las que el aborto debe permitirse, esta encuesta está a tono con otras dirigidas a proveedores de servicios de salud, ya que los resultados indican una alta aceptación (del 92%) cuando se trata de salvar la vida de la mujer, en casos de violación o incesto (85%), de malformación fetal (82%) y en casos de riesgo a la salud de la mujer (69%). La mitad estuvo de acuerdo con razones económicas, pero solo una cuarta parte opinó que debe permitirse debido a falla anticonceptiva (28%). Sobresale que sólo una escasa minoría manifestó que debe permitirse el aborto a las mujeres por razones profesionales (4%). Este estudio ofrece también interesantes perspectivas sobre la preferencia de métodos para interrupción de embarazos entre la población investigada.
En Argentina, los resultados del estudio realizado entre 1998 y 1999, con 467 obstetras y ginecólogos de hospitales públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires, mostraron que la gran mayoría de ellos considera que el aborto es un serio problema de salud pública; que los médicos deberían proveer los servicios para los abortos que no son ilegales; que el aborto no debería ser penalizado si es para salvar la vida de la mujer o en casos de violación o malformación fetal; y que las mujeres que se practican un aborto ilegal y quienes se los proveen no deberían ir a prisión. Así mismo se encontró que cerca de 40 por ciento de los entrevistados opina que el aborto no debería ser castigado cuando sea una decisión autónoma de la mujer, y entre los que muestran una actitud más positiva hacia la despenalización del aborto mencionan una combinación de razones, tanto de salud pública como de equidad social, que deben ser consideradas (Gogna et al., 2002).
En Brasil, un estudio realizado en 2003 entre un amplio número de gineco-obstetras que declararon haber ayudado a sus pacientes o familiares para realizarse un aborto, o que ellos mismos han enfrentado personalmente un embarazo no planeado, revela que el haber vivido la experiencia de un aborto conlleva a una mayor comprensión acerca de que existen circunstancias en que el aborto es la mejor o única solución ante un embarazo no deseado. Cerca de una cuarta parte de las médicas y una tercera parte de los médicos habían enfrentado personalmente al menos un caso de embarazo no planeado y 80% de éstos fueron abortados. Las causales bajo las cuales la gran mayoría de los médicos están de acuerdo en que se debe permitir el aborto son violación (77%), cuando la vida de la mujer está en peligro (79%) y ante malformaciones del feto (77%) (Faúndes et al., 2004). Además, los autores constatan una estrecha asociación entre el grado de religiosidad y el haber practicado un aborto, cuestión que resultó mucho mayor para los médicos o su pareja que habían experimentado personalmente un embarazo no deseado.
Por otra parte, el sector de los profesionales de la salud ha participado en el proceso de discusión que se generó por el uso del Cytotec (Misoprostol) como abortivo. Aunque este medicamento había sido aprobado en más de 70 países para el tratamiento de úlceras gástricas, la magnitud de su uso como abortivo en Brasil hizo que ganara visibilidad y se generara un debate al respecto. En este contexto, los ginecólogos abogaron por mantenerlo en el mercado dada su importancia terapéutica para inducir partos y abortos retenidos, y por considerarlo importante para la disminución de riesgos en la realización de abortos ilegales (Scavone, 1999). Consideraron que el Cytotec disminuye los riesgos de las complicaciones para las mujeres, y facilita a los médicos el tratamiento de estas complicaciones (Barbosa y Arilha, 1993).
En Honduras, el Centro de Derechos de Mujeres (2004) hizo una encuesta nacional en un grupo representativo de gineco-obstetras de ese país, diferenciando los datos en respuestas de hombres y de mujeres de esa profesión. En este país en que el aborto se prohíbe terminantemente, es elocuente que una mayoría de gineco-obstetras encuentra al menos una razón que justifica médicamente el aborto (80.6%) y que opine que la indicación médica contribuiría a reducir la mortalidad materna (69.5%).
En México la postura de los médicos, como sector gremial, ha sido en general conservadora, ambigua y de reserva frente al problema del aborto, aunque también se reconoce que algunos médicos tienen una concepción más amplia del problema, en particular cuando se alude a circunstancias relacionadas con su práctica profesional. Al respecto Elu (1992) plantea que "a partir de consideraciones éticas o morales, importantes sectores de médicos se han opuesto a la modificación de las leyes que regulan la práctica del aborto, y la mayor parte de los que prestan servicios asistenciales en las instituciones públicas de salud se han mantenido al margen del debate público sobre el asunto" (citado en González de León Aguirre, 1994). La investigación de González de León Aguirre, realizada en este país en 1994, apunta que el gremio médico acepta en mayor medida la interrupción del embarazo por razones médicas, para salvar la vida de la mujer o para preservar su salud; en casos de violación y por malformaciones del feto, en cambio, sólo una minoría tiene una actitud favorable, al igual que cuando se trata de otras circunstancias más amplias, tales como las condiciones socioeconómicas de las mujeres, las fallas de anticoncepción o la decisión personal de abortar. También se advierte en algunos casos la persistencia de un doble discurso entre ellos: en los servicios que brindan en las instituciones de salud se oponen públicamente al aborto y lo condenan, pero en su práctica privada lo realizan con fines de lucro y sin ninguna consideración o responsabilidad ética o moral hacia las necesidades de quienes pagan sus servicios.
Las evidencias de otro estudio llevado a cabo en la Ciudad de México con 193 médicos de diversas especialidades (internistas, pediatras, ginecólogos y neurólogos) mostraron que sólo el 15% del total de médicos está de acuerdo con el aborto voluntario, aunque el procedimiento es más aceptado por internistas y pediatras que por obstetras y neurólogos. En cambio, la proporción de aceptación del aborto ascendió a casi 60% cuando se trata de abortos por malformación del feto (Casanueva et al., 1997). Otros estudios exploratorios con médicos y médicas residentes en hospitales del Distrito Federal realizados en el 2000 y 2001, revelan el escaso conocimiento que tienen sobre la situación jurídica del aborto: sólo una tercera parte sabía que el aborto es legal bajo algunas causales en la Ciudad de México. Los hallazgos en torno a las actitudes y opiniones frente al aborto muestran la prevalencia de una actitud más favorable a la interrupción del embarazo bajo ciertas causales legales, tales como las razones asociadas a lo médico, y menos favorable cuando se aducen razones personales y de conciencia, siendo la situación socioeconómica de la mujer, su decisión personal, la falla de métodos y el abandono o muerte del cónyuge, las circunstancias donde se manifiesta una mayor oposición (González de León y Billings, 2001). En cuanto a la persona que debe decidir sobre el aborto, se encuentran datos contrastantes: en algunos casos una postura más liberal y, favorable a que sea una decisión de las mujeres, y en otros casos se observa una actitud algo más conservadora, relegando la decisión al ámbito de la pareja, y en ciertas ocasiones con la participación del médico. Además, se advierte la necesidad de contar con ciertas garantías legales para la práctica del aborto, ya que los médicos que estarían dispuestos a realizarlo, lo harían siempre y cuando contaran con condiciones seguras para ello y/o en otros casos con el respaldo institucional. Otros hallazgos subrayan que al considerar el rol que juegan estos profesionistas es necesario considerar la formación que reciben, la cual no les ofrece elementos suficientes para situar la práctica de aborto como un problema social y de salud pública, o bien para comprender sus aspectos jurídicos y sus efectos psicológicos (González de León Aguirre, 1994).
Los resultados de otra encuesta aplicada a nivel nacional, entre médicos en localidades urbanas de México en el 2002, muestran que la mayoría de ellos identificó correctamente algunas circunstancias legales que permiten el aborto (84%), mientras que una minoría consideró que el aborto era siempre ilegal (16%). Las opiniones de este sector acerca de las circunstancias en que el aborto debería ser legal refuerzan las opiniones vertidas antes, y están estrechamente relacionadas con su quehacer como médicos, ya que la mayoría opina que el aborto debería ser legal cuando pone en peligro la vida de la mujer o su salud está en riesgo, o cuando el producto presenta malformaciones congénitas serias, y al mismo tiempo reconocen que debe ser practicado cuando el embarazo es resultado de una violación (93%, 87%, 82% y 86% respectivamente). Un hallazgo interesante que evidencia las discrepancias entre el marco legal, institucional o público y la práctica médica, es el hecho de que, ante una mujer que se presentara con un aborto incompleto o con complicaciones postaborto o de una mujer que requiriera de un aborto legal, sólo el 23% de los médicos entrevistados informaron que resolverían estos casos de manera directa, mientras que el 22% resolvería algunos casos y referiría otros. Una proporción importante (40%), por otro lado, referiría todos los casos. Es relevante la necesidad de capacitación expresada por este gremio: el 81% manifestaron su interés en contar con mayor información sobre aspectos legales, el 65% sobre aspectos éticos y el 56% sobre métodos y técnicas para realizar abortos legales (García et al., 2003), (Lara et al., 2004).
En Nicaragua, los resultados de un estudio de opinión entre 198 gineco-obstetras, realizado en el 2001 por la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia (SONIGOB), acerca de una normatividad –que estaba en discusión en ese momento- que regulara el aborto terapéutico y las consecuencias médicas y éticas del mismo, mostraron que sólo nueve del total de entrevistados consideraban que el aborto debe ser penalizado, y la gran mayoría opinaban que existen casos en que el aborto terapéutico sería necesario para salvar la vida de una mujer (más del 90%). Muchos de los entrevistados también apoyaban una reforma legislativa que permitiera el aborto en casos de violación y malformación del feto (McNaughton et al., 2002). En otro estudio reciente de esta autora y otras colegas (McNaughton et al., 2005) acerca del papel que juegan los médicos respecto a la práctica de aborto, y considerando que se trata de un contexto ambiguo que caracteriza el marco legal en torno al aborto terapéutico en Nicaragua, se exponen las inconsistencias y consecuencias que dicho marco propicia en el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo y la práctica realizada por los profesionales de la salud. Los hallazgos son extremadamente relevantes, y sin duda extensibles a muchos otros países con legislaciones restrictivas, ya que muestran que los profesionales de la salud deciden la práctica de un aborto conforme a otros factores tangenciales a los criterios de riesgo y de salud establecidos como parte de la lógica médica. Entre éstos se mencionan el comportamiento anticonceptivo de la mujer, la edad gestacional, la evaluación de la credibilidad de los motivos expresados por la mujer. Tal situación, como afirman las autoras, no sólo refleja la subjetividad y precariedad de las decisiones de los médicos ante su limitada capacidad para predecir los riesgos a la salud o diagnosticar un embarazo producto de una violación, sino que lleva a cuestionar en términos de equidad y credibilidad, la posibilidad de dejar en manos de este sector la decisión de terminar o no con un embarazo por razones terapéuticas. Más aún, este hecho también implica reconocer la complejidad que envuelve el significado del término de embarazo deseado o no deseado, y sobre todo la imposibilidad de separar la importancia y el papel que tiene dicho embarazo en la evaluación de los riesgos maternos. Ante esta situación, las autoras subrayan la importancia de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres a la vida y la salud, así como la necesidad de un marco político que proteja a las mujeres y a los proveedores de salud para no dejar el acceso de las mujer a un aborto legal bajo la influencia de ideologías políticas (y religiosas), ante la ignorancia de la ley o frente a interpretaciones erróneas acerca de los criterios a ser considerados para obtener un aborto terapéutico.
Independientemente de las opiniones vertidas en las encuestas, se encuentran varias manifestaciones públicas de algunos profesionales de la salud de la región y en ocasiones incluso de asociaciones médicas que se pronuncian en contra del aborto en condiciones de riesgo; (Anonymous, 2005). Su influencia se percibe también a través de la publicación de diversos materiales descriptivos y explicativos para divulgación general (Faúndes y Barzelatto, 2005), y en la elaboración de verdaderos tratados para incidir favorablemente en terminar con las prácticas de aborto riesgosas (Sanseviero, 2003). Su intervención es sumamente relevante por todo lo mencionado anteriormente.
La aceptabilidad y legitimidad social del aborto en la población
Además de los estudios anteriormente mencionados, realizados entre las y los católicos y entre profesionales de la salud, se han realizado diversas investigaciones que, aún siendo relativamente escasas, tienen como objetivo indagar acerca de las actitudes, percepciones y opiniones de la población, de acuerdo con ciertas características de la misma. Las evidencias que nos proporcionan representan un insumo valioso que nos permite conocer el escenario cultural y el clima ideológico y político que resulta del marco legal impuesto para la práctica del aborto, de las normatividades social y culturamente construidas y de las condiciones bajo las cuales se recurre a dicha práctica (Profamilia, 1993), (Bailey, 2003), (Barrig, 1993), (Becker et al., 2002), (García y Becker, 2001), (Gutiérrez et al., 1996), (Llovet y Ramos, 2001), (Encuentro de investigadores sobre aborto inducido en América Latina y el Caribe, 1994), (Htun, 2003), (Pick de Weiss y David, 1990), (Weisner et al., 1994), (Amuchástegui Herrera, 2002); http://www.chasque.net/frontpage/comision/dossieraborto/cap5_1.htm; (García Romero et al., 2000). Algunas de estas encuestas además permiten revisar la opinión pública respecto del papel de otros –el Estado, la Iglesia, el sector médico, la pareja- en las decisiones privadas de las mujeres.
Los resultados de estos estudios revelan, en general, una actitud más abierta y positiva de los distintos sectores de la población entrevistados, que la que ha tradicionalmente caracterizado a quienes no admiten el aborto bajo ningún concepto, y al mismo tiempo más conservadora que la postura que sostienen quienes abogan por el aborto a petición de la mujer. En medio de las dos posturas extremas se encuentra la mayoría de la población que acepta la práctica del aborto de acuerdo con determinadas circunstancias restringidas, básicamente en tanto problema de salud (cuando peligra la vida de la mujer, por razones de su salud, ante un embarazo producto de una violación y ante malformaciones del feto). Lo anterior refleja que las situaciones relacionadas con la autonomía de la mujer, su libertad de decisión y el ejercicio de sus derechos son circunstancias aún poco legitimadas y socializadas entre la población. Asimismo, las evidencias de las encuestas apoyan el proceso de secularización que prevalece en la mayoría de los países de la región, en cuanto a la injerencia de la iglesia en la vida privada, y si bien el conocimiento sobre la legislación no es muy preciso, si parece existir, en algunos casos, una clara distinción entre lo que es la legislación y lo que debe ser.
En Argentina, la encuesta sobre anticoncepción y aborto, referida a la población femenina de bajo nivel socioeconómico que reside en la zona metropolitana de Buenas Aires en 1992-93, proporciona evidencias sobre las opiniones de las mujeres, su acuerdo o desacuerdo, respecto a una serie de circunstancias en que se lleva a cabo un aborto, según algunas características de las mujeres entrevistadas (López, 1997). Se advierte que cualquiera sean sus características, las circunstancias que reciben una opinión más favorable para el conjunto de la población entrevistada se concentran en los casos en que el embarazo es producto de una violación, cuando peligra la vida o hay problemas de salud de la mujer y por malformación del feto. Los perfiles de aprobación del aborto muestran que las circunstancias vinculadas a la salud y al embarazo producto de una violación son principalmente sostenidas por las mujeres mayores de 35 años, mientras que las menores de 25 años muestran un mayor acuerdo ante situaciones más relacionadas con la autonomía y decisión de las mujeres. Cuando se considera el nivel educativo de las entrevistadas, resalta que son las mujeres que tienen los menores niveles de escolaridad las que en menor medida apoyan la práctica del aborto en todas las situaciones. El análisis según estado civil de las entrevistadas muestra que son las unidas consensualmente las que presentan los mayores niveles de respuestas favorables ante las diversas circunstancias, en particular las asociadas con los problemas de salud de la madre y del feto y como resultado de la violación, seguidas por las casadas. Finalmente, las respuestas de las mujeres entrevistadas según si han usado o no algún método anticonceptivo indican que las mujeres que no habían utilizado ningún método anticonceptivo son las que expresaron la menor aceptación hacia el aborto, mientras que las que lo habían usado alguna vez o lo hacían en el momento de la encuesta, apoyan más las circunstancias relacionadas con los problemas de salud de las mujeres, ante situaciones de violación y, en menor medida, cuando consideran haber completado el tamaño de familia deseado (López, 1997). Otra encuesta realizada entre residentes de Buenos Aires, revela que mientras más de la mitad de los entrevistados favorecen el aborto por circunstancias reducidas, un poco más de una cuarta parte apoya que sea por decisión de la mujer (Htun, 2003).
En Brasil, una encuesta de opinión realizada en 1997 entre residentes de Sao Paulo, mostró que más de la mitad de los entrevistados consideró que la legislación del aborto debe permanecer sin cambio, cifra que fue de una tercera parte en 1994; mientras que una quinta parte opinó que la ley debe ser más permisiva (comparado con dos quintas parte de los entrevistados en 1994 en otro estudio), y otra proporción un poco menor señaló que el aborto debe ser despenalizado. En Chile, los resultados de la encuesta conducida en 2000 por un periódico, revelaron que la gran mayoría de los que respondieron opinaron que el aborto debe ser permitido cuando peligra la vida de la mujer, más de la mitad en caso de violación y una proporción igual ante malformaciones del feto, lo que indica que la mayor parte de la población entrevistada está a favor de que la legislación sea menos restrictiva (Htun, 2003).
En México, el Population Council llevó a cabo una encuesta nacional en el año 2000 cuyo objetivo era conocer las opiniones y actitudes de la población acerca de la legislación sobre aborto y temas relacionados. La población entrevistada comprendió una muestra de 3 mil personas entre 15 y 65 años de edad y la casi totalidad de la misma (90%) se considero católica. Los resultados muestran que más de dos terceras partes de los entrevistados opinaron que el aborto debe ser legal bajo algunas circunstancias, una de cada 10 personas pensaba que el derecho a tener un aborto es decisión de la mujer, y el resto consideró que el aborto debe estar prohibido en todos los casos. Las circunstancias en que la mayoría de los entrevistados estaban de acuerdo con que el aborto fuera legal son similares a las encontradas en los estudios mencionados en las secciones anteriores, o sea cuando la vida de la mujer están en peligro, cuando su salud está en riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación, y cuando el producto tenga defectos (80,75, 63 y 52% respectivamente). Las circunstancias en las cuales la opinión era menos favorable fueron cuando la mujer es menor de edad, por falta de recursos económicos, cuando la mujer es madre soltera y cuando falló el método anticonceptivo (20 y 17, 11 y 11% respectivamente). Al indagar acerca de quiénes deben ser las personas más adecuadas para aconsejar a una mujer frente a la decisión de interrumpir el embarazo, se observó una mayor inclinación que favorece al ámbito familiar (familia 31%, y la pareja de la mujer 27%), aunque también se otorgó cierta responsabilidad a los médicos (26%). Sólo una minoría opinó que los representantes de la Iglesia Católica son los más adecuados para otorgar consejos a las mujeres (12%). En cuanto a la influencia que los distintos sectores de la población deben de tener en el ámbito legislativo, cerca de la mitad de los entrevistados consideró que las voces de las mujeres son las que deben ser más escuchadas, seguidas de las de la sociedad, y en una menor proporción las de los médicos (48, 29 y 14% respectivamente). Es una minoría la que señaló que se debe considerar a la Iglesia como ámbito de influencia (7%), hecho que se reiteró por la gran mayoría de los entrevistados que opinó que está mal que los legisladores voten las leyes de acuerdo a sus creencias religiosas Sobre las intervenciones de las instituciones de salud, el estudio reveló que la gran mayoría de la población está de acuerdo en que todos los hospitales públicos deberían ofrecer los servicios de aborto legal (García Sandra, 2001), (García y Becker, 2001). Un artículo escrito posteriormente sobre la base del análisis de la encuesta descrita (Garcia et al., 2004) incluye recomendaciones para las estrategias a favor del aborto seguro. Entre éstas se señala que es necesario dar a conocer entre la población mexicana cuáles son las causales de aborto legal y cuáles son los pasos a seguir para obtener el servicio; que es importante informar que los abortos son seguros cuando se proveen de manera legal; que las opiniones religiosas y personales de los legisladores no deben entrar en juego en la labor y decisiones legislativas; y que hay que reducir el estigma asociado con la sexualidad.
Una encuesta anterior, del año 1991, llevada cabo en tres zonas de la Ciudad de México (Palma y Nuñez, 1991, citada en Palma et al., 2000) confirma que en términos generales había mayor aceptación del aborto cuando las razones se asocian a la salud de la madre o del feto: cuando la mujer sufre una enfermedad infecciosa, como sida (87%); cuando la madre sufre de alcoholismo extremo (76%), cuando se corre el riesgo de defectos físicos o mentales (72%), cuando la salud de la madre corre riesgos (70%), y cuando el embarazo es producto de una violación (70%). Las autoras llaman la atención sobre la elevada aceptación del aborto en casos de enfermedades infecciosas de la mujer. Es notable en este estudio que las razones que la población encuestada identifica como menos legítimas para el aborto son aquellas relacionadas con el bienestar y autonomía de la mujer: cuando la mujer no tiene pareja,(7%); cuando una joven desea terminar sus estudios antes de ser madre (14%); cuando hay falla del método anticonceptivo (15%), cuando una menor de edad queda embarazada y aún no quiere ser madre, (17%); y cuando una mujer aún no se siente capaz o madura para ser madre (23%). Este mismo estudio apunta que más de dos terceras partes de la población está en desacuerdo con la prohibición total del aborto que promueve la Iglesia (70%), en especial al tomar en cuenta la profunda influencia del catolicismo en México.
La opinión y el conocimiento que tienen los y las adolescentes y jóvenes acerca del marco legal del aborto en México fue objeto de estudio en una encuesta nacional realizada en el año 2000. Para hacer este estudio se analizaron los datos de una muestra representativa a nivel nacional de 907 hombres y mujeres cuyas edades oscilaban entre 15 y 25 años. Sus resultados dejan ver el insuficiente conocimiento que los entrevistados tienen acerca del aborto, ya que más de la mitad no conocía la situación legal en sus respectivos estados. De éstos, la mayoría (82%) creían que el aborto nunca ha sido legal, y el resto no sabían o pensaban que era legal, situación que se acentúa en los entrevistados con menor nivel educativo y los residentes de áreas rurales o fuera de la Ciudad de México. La mayoría de los entrevistados consideró que el aborto debe ser legal cuando es resultado de una violación o peligra la vida de la mujer o su salud, y una proporción minoritaria apoyó su práctica legal en los casos de mujeres solteras o menores de edad, aquéllas que viven con condiciones económicas adversas y cuando el embarazo fuera resultado de una falla en el uso de métodos anticonceptivos (Becker et al., 2002).
Ante el conflicto para despenalizar el aborto en el estado de Chiapas en México en 1990, se llevaron a cabo varias encuestas nacionales para conocer la opinión pública a favor o en contra del aborto y bajo qué circunstancias esta opinión se inclinaba por una u otra respuesta. Una de ellas, realizada en tres momentos entre 1990 y 1991, mostró que la gran mayoría de los entrevistados (82%) lo aprobaba cuando la salud de la madre estuviera en riesgo, siendo mayor la aprobación en el caso de los hombres, los de ingresos de nivel medio, y mucho menor en los viudos. En el caso de malformaciones del feto, más de la mitad estaban de acuerdo, siendo mayor la proporción entre las mujeres, en las de más edad, y también entre las que se encontraban en el estrato de ingresos medios. Nuevamente son los viudos los que menos lo aprueban bajo esta y cualquier otra circunstancia. En cambio sólo una quinta parte lo aprobaba cuando la pareja no quería tener más hijos y, nuevamente, la proporción es mayor entre los hombres que entre las mujeres y entre los que tienen entre 30 y 50 años. Una proporción un poco menor de la quinta parte manifestó estar de acuerdo si la madre no estuviera casada, siendo, en este caso, los jóvenes quienes más aprueban el aborto, así como los que pertenecen a estratos socioeconómicos más altos (Este país, 1991).
En Uruguay, en el año 2000, se hizo una encuesta a 998 uruguayos de 15 o más años de edad. “Los entrevistados en esa encuesta son una muestra representativa de la población de esas edades residente en las ciudades de 10 000 y más habitantes de todo el país. Los resultados revelan que si bien sólo el 31% contesta espontáneamente que la solución al problema del aborto es legalizarlo lisa y llanamente, hay enormes diferencias según el nivel de educación formal del entrevistado. Sólo el 18% de quienes tienen educación primaria propone la legalización, porcentaje que sube al 38% entre las personas con educación media y al 52% entre los universitarios. Inversamente, apenas el 5% de los universitarios se inclinan por prohibir los abortos, tres veces menos que entre las personas con menos educación formal” (http://www.chasque.net/frontpage/comision/dossieraborto/cap7_2.htm).
¿Qué hay del debate en torno al aborto en los países en que está despenalizada su práctica?
Uno de los hechos que destaca en la revisión bibliográfica que se llevó a cabo en este trabajo es la relativa ausencia de literatura que de cuenta de la existencia o no del debate público sobre el aborto en los países que, como Cuba, Puerto Rico, Barbados y Guyana, éste está disponible a petición de la mujer. Toda vez que detrás de un aborto existe muchas veces un embarazo no planeado y que ello alude a eventos indeseados, y a veces evitables en la vida de las mujeres, nos podríamos hacer al menos tres preguntas: ¿el debate sobre el aborto voluntario termina con su absoluta despenalización y legalización? ¿El importante avance que supone un marco legal sin restricciones para la práctica del aborto, se refleja también en la educación sexual y en materia de derechos reproductivos, sobre todo para la población adolescente?, ¿Cuál es de la presencia de grupos y actores que se oponen a que el aborto esté disponible a petición de la mujer?
En Puerto Rico los argumentos que emplean las fuerzas antiaborto y las refutaciones de los que están en pro del aborto se sitúan en el contexto de las leyes que rigen en Puerto Rico y la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque el aborto es legal en Puerto Rico, el derecho al aborto ha sido atacado y su accesibilidad se ha visto afectada. El debate sobre el aborto ha adoptado un carácter simbólico y sus argumentos aluden a situaciones más amplias de la sociedad, tales como la identidad y los roles femeninos y masculinos, la sexualidad, la reproducción, la familia y los problemas sociales. El argumento principal de la ofensiva antiaborto reside, como en otros países de la región latinoamericana y de El Caribe, en el señalamiento de que la vida humana comienza en el momento de la concepción y, en el derecho que tiene el feto a la protección de su vida, mientras que el control de las mujeres sobre su capacidad reproductiva y los derechos sobre su cuerpo y su propia vida son considerados como temas secundarios. Las fuerzas sociales que favorecen la práctica legal del aborto argumentan que la opción al mismo es esencial para que las mujeres sean tratadas equitativamente como personas con todos sus potenciales y prerrogativas de carácter humano, y enfatizan las consecuencias adversas del aborto inducido practicado en situaciones de ilegalidad y riesgo, que se traducen en centenares de millares de lesiones y muertes maternas. Asimismo, como parte del debate se abordan otras cuestiones como la necesidad de respetar las diversas posturas respecto a la definición de vida humana y la separación entre Iglesia y Estado, el reduccionismo biológico acerca de que el feto es un ser humano, y la deshumanización de las mujeres que se insinúa con la humanización del feto (Colon-Warren et al., 1998), (Profamilia, 1993), (Azize Vargas, 1993).
En el caso de Cuba, dado que el aborto no es penado por la ley, ni es perseguido, no existe un debate público al respecto. Se reconoce la importancia de la legalización y despenalización de aborto que tuvo lugar en 1965 y en consecuencia el derecho inviolable de la mujer para recurrir a él (González Labrado et al., 2001), (Mayo Abad, 2001). No obstante, también se señala que a pesar del descenso significativo de la mortalidad materna en general y sobre todo la relacionada con la práctica del aborto, la morbilidad asociada a ella no se ha reducido de manera tan drástica (MINSAP, 1999). Ante la permanencia de elevadas tasas de aborto, las preocupaciones y discusiones, principalmente entre profesionales de la salud, se centran en el insuficiente e inadecuado acceso y uso de métodos de planificación familiar (González Labrador et al., 2001) y en las fallas en las acciones de los programas de educación sexual, en particular entre los adolescentes, quienes reciben una pobre e insuficiente educación al respecto (Aguilar Acebal y Neyra Reyes, 1999), (Cortés Alfaro et al., 1999), (Fonseca Fernández de Castro et al., 1999), (Libertad y Reyes Días, 2003). Como señala Mayo Abad (2002) "si el uso consciente y responsable de medios anticonceptivos para evitar embarazos inoportunos es la forma más apropiada de planificación familiar, tenemos que aceptar que no estamos aplicando satisfactoriamente las posibilidades existentes. Nuestra obligación es disminuir la incidencia (del aborto) mediante la implantación de medidas educativas coordinadas y combinadas con la accesibilidad a una amplia gama de métodos anticonceptivos para toda la población. La situación actual constituye un reto para nuestro Sistema Nacional de Salud".
Guyana representa un buen ejemplo de que la aprobación de una ley liberal de aborto es apenas el principio hacia lograr servicios de aborto de calidad y oportunos. El debate en este caso se continúa por la vía de la implementación de servicios y de lograr que el gobierno encabece su implementación, tal y como se asienta por Nunes (2001). Cinco años después de promulgada la legislación, su implementación aún era pobre, de acuerdo con lo que señalan Nunes y Delph (1995),en su recuento de la trayectoria de esta reforma legal. El Grupo Pro Reforma, líder del movimiento que logró la despenalización, prestó intensa atención a la ministra de salud, pero dejó de lado el compromiso de los equipos técnicos del Ministerio de Salud. Este grupo sostenía, en el 2000, que el aborto inseguro no era una prioridad de salud, por lo que ningún hospital público de Guyana ofrecía el servicio de conformidad con la ley, ni informaban de los casos de complicaciones por aborto al Ministerio de Salud. Las mujeres pobres de Guyana saben que no pueden interrumpir sus embarazos en los hospitales públicos del país, porque no se provee el servicio. La situación se presta a abusos y a dudas por parte de los administradores de los hospitales respecto de su autoridad para dar el servicio. Otros temas en discusión eran los métodos que la ley proponía para hacer los abortos (aspiración manual en lugar de dilatación y curetaje), la elaboración de registros de aborto para presentar informes ante el Ministerio de Salud, el periodo de espera y la consejería obligatoria.
¿Cuáles han sido algunas de las consecuencias de los debates y las acciones de los diversos actores en la legislación que rige el aborto?
Los actores a un lado y otro del debate sobre la despenalización del aborto, principalmente la jerarquía de la Iglesia en asociación con los grupos conservadores organizados por un lado, y el movimiento feminista por el otro, buscan incidir dentro del ámbito jurídico. Los primeros, grosso modo, para detener lo que consideran un peligro para la moral y un atentado contra la civilidad de la sociedad, y los segundos para encontrar en el Estado un reconocimiento oficial a la autonomía de la mujer, al respeto a los derechos humanos, y por tanto a los sexuales y reproductivos y a la libre decisión en el ámbito reproductivo que exigen las mujeres para sí. En este apartado presentamos algunos ejemplos de las acciones de los actores de uno y otro lado del debate que, como hemos visto anteriormente, han tenido un impacto en la legislación, en la política y en acciones concretas respecto a la práctica del aborto.
En la gran mayoría de los países de la región el pensamiento oficial de la Iglesia Católica tiene una gran influencia en las decisiones del Estado y el ámbito de la sexualidad y la reproducción no son la excepción. Sus acciones incluyen esfuerzos para impedir la aprobación de legislaciones que amplíen las leyes de aborto restrictivas o para revertir las existentes y hacerlas más restrictivas, así como intentos por establecer el derecho a la vida desde el momento de la concepción en las constituciones de la región. Otras iniciativas han sido coordinar manifestaciones de los grupos que están en contra de la despenalización del aborto, limitar y confrontar mensajes progresistas de salud reproductiva en los medios masivos de comunicación y en instituciones no públicas con programas progresistas. Asimismo, buscan aumentar la visibilidad de estos grupos en los debates públicos, promover campañas de abstinencia y en contra del uso del condón y establecer y celebrar el "Día del No Nacido" como evento nacional (Gutiérrez, 2002). Como afirman Hardy y Rebello para el contexto brasileño, "todos aquellos que luchan por la despenalización/legalización del aborto quieren que el Estado asuma una posición laica y desvincule el aborto de la religión. Observamos, sin embargo, que aunque la Iglesia está separada del Estado desde la Proclamación de la República (1989), tiene el poder de influir y muchas veces definir la posición del Estado, principalmente en los asuntos de moralidad y sexualidad" (Hardy y Rebello, 1996).
En un artículo que describe la política de planificación familiar del gobierno chileno desde 1960, Alexander e Iriarte (1995) señalan que, en ese país, el aborto fue legalizado en la década de los treinta para salvar la vida de la mujer o para preservar su salud. Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia Católica presionó al gobierno para enmendar la constitución de 1980 a fin de proteger la vida del nonato prohibiendo efectivamente el aborto, pese a reconocer que el aborto se práctica para proteger la vida de la mujer.
En la sociedad mexicana la cuestión del aborto ha sido centro del debate público en diferentes momentos, ante la constante presencia de distintos grupos sociales que han insistido en la necesidad de revisar y actualizar las leyes que regulan la práctica del aborto. Sin embargo, dichas iniciativas han enfrentado la fuerte oposición de los actores sociales más conservadores, cuyos argumentos morales y religiosos han tenido un enorme peso en el debate público y en los ámbitos gubernamentales, situación que ha llevado a que la discusión en las instancias que trazan la política de salud nacional, así como en los órganos legislativos, sea constantemente evadida o postergada (Tarrés Barraza, 1993). Sin embargo, también hay que reconocer que en México, durante la década de los 90, las intervenciones en materia de salud y derechos reproductivos cambiaron de manera positiva, en especial después de la CIPD (Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo). Se crearon instancias y organismos administrativos abocados a las mujeres y a la salud reproductiva que contaron con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y que lograron incorporar los conceptos de derecho a la salud, la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y la noción de equidad en varios de los programas y políticas sociales. Billings et al. (2002) consideran que "los grupos feministas, los académicos y las ONGs han intensificado su lucha por el reconocimiento de los derechos reproductivos y el apoyo a las capacidades de las mujeres para ejercer estos derechos. Ellos han sido exitosos en hacer más visible el complejo fenómeno del aborto y la violencia contra las mujeres, a través de iniciativas para modificar las leyes y normas existentes, publicando casos individuales y apoyando a mujeres como Paulina, a quien le fue negado el servicio de aborto legal", aún cuando fue víctima de violación y siguió el proceso legal para obtener el aborto (Lamas, 2000). No obstante, con la llegada del Partido Acción Nacional al poder, de ideología conservadora, muchas de las iniciativas anteriores no han continuado. La atención prestada anteriormente a la salud y los derechos reproductivos ha sido modificada y se ha orientada hacia el embarazo y atención al niño. Con respecto al aborto, y dado que México es un país compuesto por entidades federativas libres y soberanas, se han hecho varios intentos por parte de los grupos opuestos a la despenalización/liberalización del aborto, para que el derecho a la vida desde la concepción sea reconocido en las constituciones locales, como sucedió en el estado de Chihuahua donde fue aprobada y en los estados de Baja California y Nuevo León donde fue rechazada, intentos estos últimos que fueron frenados por el rechazo de los otros partidos y, sobre todo, por las gestiones de los grupos feministas (Anonymous, 1999).
En Argentina no fue sino hasta años recientes que se dio un debate público sobre el aborto, que se caracterizó por ser un espacio de confrontación del pensamiento oficial de la Iglesia con el movimiento feminista. En 1994 la Convención Constitucional argentina fue llamada a reformar la Constitución, proceso en el cual el gobierno unido a la jerarquía de la Iglesia Católica, llevó a cabo una agresiva campaña con el propósito explícito de que la nueva Constitución prohibiera totalmente el aborto. El entonces presidente, Carlos Ménem, promovió la inclusión de una cláusula de defensa de la vida desde la concepción, lo cual, según analistas políticos, tuvo dos objetivos: por un lado, desviar la crítica de los obispos de los crecientes niveles de desempleo y pobreza que estaban teniendo lugar en el país y, por otro, ganar el apoyo de la jerarquía de la Iglesia, así como del electorado católico para las elecciones presidenciales de 1995 (Gogna et al., 2002), (Alanis, 1999). Esta situación condujo a que el movimiento de mujeres se organizara y se volviera políticamente más activo en el tema del aborto, logrando frenar dicha iniciativa. En su lugar se aprobó una cláusula que instruía al parlamento a implementar un régimen de seguridad social especial e integral para proteger a la niñez indefensa, desde el embarazo hasta completar la educación primaria, y a las madres durante la preñez y la lactancia. Este intento por penalizar totalmente el aborto se transformó en una política social para la protección de las mujeres embarazadas y la familia, dejando así la puerta abierta para futuros programas de salud reproductiva (Clarín Landi, 1994 cit. en Gogna et al., 2002:130). A pesar de la fuerte oposición de la Iglesia Católica y después de más de un año de debates, con la participación activa del movimiento feminista, se promulgó una ley que garantiza el libre acceso de las mujeres a los anticonceptivos y establece campañas para evitar el embarazo infantil, el aborto, las ETS y el cáncer de mama y genital (InterPress Third Word News Agency, 2002).
En Brasil, Rocha (1996) revela que las modificaciones en torno al aborto que se discutieron en el Congreso en 1995 dependieron del balance de las fuerzas entre los diversos grupos sociales y políticos que son muy activos en él. Por un lado, estuvieron las iniciativas para despenalizar o legalizar el aborto por parte del movimiento organizado de mujeres aliado a los grupos parlamentarios progresistas y, por el otro, la posición oficial de las iglesias católica y evangélica que se oponían a la legalización del mismo. Asimismo, señala que los debates y desarrollos en el ámbito político, tanto en el Congreso como en otros foros nacionales e internacionales, han llevado a una reacción adversa frente a las posturas conservadoras y religiosas. Esta reacción que obedece a la lucha y confrontación de los movimientos organizados de la sociedad civil resultó en una fuerte defensa para realizar el aborto de acuerdo con las causales contempladas en el Código Penal; en la denuncia del grave daño a la salud pública ante la práctica clandestina de los abortos; en la diseminación de la idea de que el aborto es uno de los derechos reproductivos de las mujeres, y en el cumplimiento de los acuerdo y compromisos emanados de las Conferencias de Población y Desarrollo y de la Mujer, suscritos por el gobierno de Brasil (Rocha, 1996), (Casanova Guedes, 2000). Además, en este país se han logrado importantes avances dada la continua e intensa labor de los movimientos feministas, la participación de las mujeres en puestos gubernamentales claves relacionados con el sector de salud y en las entidades encargadas de las políticas de población y de la mujer, que a su vez han ejercido su influencia en las instancias del poder legislativo y judicial. También destaca la mayor participación activa y sensible del sector médico organizado en la prestación de servicios de interrupción legal del embarazo y en el debate de la opinión pública. Al mismo tiempo se reconoce que los grupos conservadores, tanto del personal médico como del legislativo, han adquirido más visibilidad y han intentado, sin éxito, revertir las acciones y cambios emprendidos por el Congreso (Rayas y Catotti, 20004), (Rayas et al., 2004). Por su parte Oliveira y Vianna (1999), en un artículo basado en dos estudios llevados a cabo en Brasil sobre mujeres que abortan, describen cómo la presión ejercida por el movimiento feminista de ese país fue decisiva para que se implementara en varias provincias brasileñas el servicio de aborto legal. Dichas fuerzas impidieron que fuera incorporado a la Constitución un dispositivo legal que anularía la posibilidad de la práctica del aborto en aquellos casos ya contemplados en el Código Penal.
En Nicaragua, si bien existía un amplio acceso a los servicios de aborto terapéutico bajo el gobierno Sandinista, en la actualidad prevalece un clima político hostil respecto a los derechos sexuales y reproductivos y hacia la práctica del aborto en los casos permitidos por la ley. Ello se ha traducido en un acceso muy restringido a los servicios de aborto terapéutico dadas las barreras que impone la indefinición prevaleciente de este tipo de aborto, los trámites burocráticos para su autorización, las posiciones religiosas y moralistas que existen entre las autoridades, el temor de los médicos ante posibles represalias y la fuerte influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica con sus amplios recursos. El caso de Rosa, ya mencionado, ilustra claramente las condiciones existentes, así como la influencia del movimiento feminista y de algunos profesionales de la salud que respondieron activamente y lograron la interrupción de su embarazo, cuando el sistema jurídico no respondió y el sector salud se negó a hacerlo (Reproductive Health Matters 2003), (Rayas y Catotti, 20004), (Rayas et al., 2004).
Las ONGs en Bolivia han desempeñando un papel importante en actividades relacionadas con la información, educación, capacitación, gestoría, defensa y recursos en torno al aborto, sin embargo, se han visto afectadas por la Ley Mordaza impuesta por los Estados Unidos. En la práctica no se ha realizado ninguna interrupción del embarazo de acuerdo con la legislación vigente y el debate público no ha sido fácil, dado el clima adverso que prevalece en torno a este tema. No obstante, también, como en el caso de Rosa, el movimiento de mujeres y algunos aliados médicos respondieron activamente y colaboraron para que se le practica el aborto a una niña boliviana violada, cuando el sistema de salud se negó a hacerlo (Rayas y Catotti, 20004), (Rayas et al., 2004).
En Uruguay, las ONG que tienen una trayectoria amplia de gestión y de discusión pública sobre el aborto, colaboraron en la conformación de una alianza nacional para apoyar la reforma de la ley de aborto presentada como parte del Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva y para formular lineamientos que definan la atención en las instituciones de salud. Dicha alianza incluye a diversos y amplios actores, tales como organizaciones médicas, parlamentarios, partidos políticos, académicos, médicos, diversos grupos religiosos, sindicatos, redes de jóvenes y grupos de derechos humanos (Rayas y Catotti, 20004), (Rayas et al., 2004). También en este país destaca la labor de los médicos que formaron un grupo denominado Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, y que ha realizado investigaciones sobre las implicaciones del aborto en la mortalidad materna así como sobre las actitudes de los profesionales de la salud hacia el aborto. El grupo Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) ha documentado estos acontencimientos (http://www.chasque.net/frontpage/comision/dossieraborto/cap5_1.htm).
Finalmente, cabe señalar que el movimiento pro-despenalización/legalización se ha ampliado en muchos países de la región a través de la conformación de redes y alianzas entre distintos grupos de corte feminista o liberal y democrático, tanto a nivel nacional como regional, y en muchas de ellas se han incorporado otros actores, tales como médicos, abogados y académicos. A manera de ejemplo están, entre otras, las siguientes: la Campaña 28 de septiembre para la despenalización del aborto en América Latina y El Caribe, el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia, el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) que ha fundado un Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) en México, REDSAUDE en Brasil (Rayas y Catotti, 20004), (Rayas et al., 2004); http://www.andar.org.mx; http://www.redesaude.org.br; http://www.flora.org.pe; http://www.cidhal.org/cidhalesp.html; http://www.lasdignas.org.sv/quehacemos/programas.php.
Conclusiones
Ante un clima político sumamente conservador en la región, dada la gran y creciente influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica y de los grupos de derecha, combinado con una mayor participación de la sociedad civil, el aborto, como señala Htun (2003), es uno de los temas políticos más espinosos y de mayor polarización que enfrentan hoy día las incipientes democracias de los diversos países de la región. Se juegan en este debate los ámbitos de la sexualidad y de la reproducción, y toca los límites entre la vida íntima y privada de los individuos y lo público.
No obstante que dicho debate cuenta ya con una trayectoria de varias décadas, la intensidad del mismo y sus repercusiones en cuanto a acciones e intervenciones por parte de los diversos actores varía entre los diferentes países. En algunos este debate y por tanto sus consecuencias parecen aún muy limitadas o casi inexistentes si se toma como referencia las publicaciones al respecto, como en el caso de Guatemala, y destacan otros países donde el debate es más intenso y continuo como por ejemplo en Brasil y México. Esta situación obedece, en gran medida, al contexto político e ideológico específico de los diversos países, y a la fuerza que adquieren en ellos las fuerzas sociales que más influyen en las transformaciones legislativas y en las acciones del Estado en el tema de aborto.
El énfasis discursivo más intenso de los actores e instancias que se manifiestan en contra de la despenalización y/o legalización del aborto, reside en que desde el momento de la concepción la vida del producto deber ser protegida y por ello buscan, como principal acción, que se reconozca a nivel constitucional la protección de la vida del no nacido. Para los actores sociales que pugnan por la legalización y despenalización, el centro de atención se ha ido transformando: ya no solamente se habla del aborto como problema de salud pública y de injusticia social, sino que en la actualidad el acento está puesto en la problemática de los derechos humanos, de las relaciones de poder entre los sexos y, como señalan Lamas y Católicas por el Derecho a Decidir, en el derecho a la libertad de conciencia, que implica respetar las creencias y valores de las personas, profesen o no religión alguna (Lamas, 2003). Derechos que, a su vez, están asociados con la necesidad de limitar y redefinir las intervenciones del Estado en las decisiones acerca de la sexualidad y reproducción que competen a la vida intima, privada e individual.
Es interesante notar que la amplitud de la defensa del derecho al aborto dentro de los límites impuestos por las legislaciones locales (e incluso como demanda más allá de la situación legal), incluye a instancias internacionales vinculadas a las Naciones Unidas que han refrendado el enfoque de derechos humanos en cuanto al aborto. Algunas de éstas, citadas en Hessini (2005), son el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité de Derechos de la Infancia. La CEDAW explica, por ejemplo, que hacer de lado el cuidado de la salud en aspectos que sólo las mujeres requieren es una forma de discriminación contra ellas, y que los gobiernos tienen la obligación de solucionar estas situaciones. Se menciona como ejemplo que este comité urgió al gobierno de Chile a “considerar la revisión y enmienda de las leyes de aborto, en particular para proveer abortos seguros, y permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas o por la salud de la mujer, incluyendo su salud mental” (Hessini, 2005). El respaldo que proveen estas instancias es importante para la legitimidad del discurso progresista en torno al derecho al aborto seguro.
Este discurso se complementa con argumentos de salud pública cuando se hacen notar las implicaciones que las legislaciones, las políticas públicas y los programas existentes tienen sobre los derechos humanos, en particular de las mujeres.
Es relevante también que incluso en aquellos países en donde el aborto se ha despenalizado, su práctica presenta problemas. No es suficiente con despenalizarlo si no se colocan los dispositivos legales y de servicios que hagan frente a la demanda o a su continuada práctica insegura, incluyendo programas educativos y acceso a servicios integrales de salud reproductiva, oportunos y de calidad.
Es en este escenario donde la participación activa del movimiento feminista a favor de la ampliación de la legislación y la despenalización del aborto, así como en apoyo a la regulación de la atención del aborto en los servicios de salud, ha sido fundamental para los logros que se han dado. Ortiz Ortega (2002) llama la atención, además, al énfasis que adquiere este movimiento, en particular desde la década de los 90, en aquellos países que, como México, iniciaron una transición a la democracia.
Se observa también, más recientemente y en algunos países de la región, una mayor movilidad y compromiso social de otros actores, en particular de los profesionales de la salud, ante la problemática del aborto. En muchas ocasiones ésta movilidad es asimismo resultado del interés de la sociedad civil por involucrar a este sector cuya actuación resulta primordial en la atención al aborto y sus consecuencias. Las tensiones entre la ética profesional y a veces incluso las normatividades, y las convicciones personales de quienes laboran en el sector salud son elementos fundamentales que entran en juego al pensar o discutir sobre el aborto. Por esta razón, por ejemplo, es de enorme interés el pulso de estos profesionales (reflejado en las encuestas), así como aquellas publicaciones que orientan la reflexión sobre el aborto como un dilema en su campo profesional. Ejemplo de este tipo de materiales son El drama del aborto, de los doctores Faúndes y Barzelatto (2005), y Etica médica laica, del doctor Pérez Tamayo (2002). Hay no sólo una gama de encuestas y estudios sobre conocimientos, actitudes y percepciones de los prestadores de servicios de salud, sino que también se han presentado y publicado recomendaciones para profundizar el trabajo con este grupo (Dabash et al, s.f.), (Ramos, 2005). Algunas de estas recomendaciones incluyen sensibilizar a los profesionales de la salud respecto de temas de género y los derechos de las mujeres, así como de las consecuencias de los abortos inseguros, dar a conocer la legislación de aborto del sitio en que se desempeñan, lograr que el aborto permitido por la ley se vuelva un servicio usual, y continuar haciendo investigación y labores de gestión y defensa con este sector.
Al igual que con el sector médico, ha habido una presencia importante de encuestas aplicadas a otros segmentos poblacionales, incluida población abierta, cuyos resultados varían con el tiempo y entre países. Estas en general revelan que se cuenta con apoyo a ciertos tipos de aborto, por ejemplo en casos de protección de la vida y la salud de la mujer, así como cuando se trata de embarazos producto de una violación. Sin embargo, podemos afirmar que muchos de los análisis que se extraen de estos estudios exponen las inequidades de género prevalecientes en las sociedades de la región, ya que confieren el menor peso como razones para recurrir a un aborto a aquéllas que tienen que ver con la autonomía de la mujer y de sus decisiones reproductivas. Sobresale asimismo que a mayor educación de la población encuestada, menores restricciones se imponen a la práctica del aborto a nivel opinión pública. Los resultados de las encuestan indican también la necesidad de mayor divulgación de la situación legal del aborto en los diversos países de la región.
Pese a algunos avances que la literatura refleja y a la mayor participación de otros sectores, tales como el de salud, también conviene advertir la ampliación de las fuerzas sociales en contra de la legislación y despenalización del aborto a nivel internacional y regional. Estas también se pueden anotar ciertos logros tanto a nivel discursivo como de hecho.
La sociedad civil organizada ha jugado un papel innegable en el debate en torno al aborto. Sus aportes se encuentran en el avance y profundización de los argumentos en el tema, así como en los logros que de hecho se han registrado en la región. La maleabilidad de los discursos de gestión y defensa se registra en la literatura; la incorporación del aborto como tema de derechos humanos, los argumentos sobre búsqueda de equidad e igualdad, así como los vínculos entre aborto y pobreza –como profundización de los argumentos de justicia social- de cara a la agenda internacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio dan fe de ello. Es de llamar la atención, además, que la literatura da cuenta de ocasiones en que esta misma sociedad civil ha tomado y en ocasiones resuelto casos difíciles, como el de Rosa en Nicaragua, por sus propios medios. Las conexiones y el movimiento internacional en torno a momentos cruciales hacen un eco que funciona, en cierto sentido, como protección a salidas que en otros momentos hubieran podido provocar represalias.
Las nuevas tecnologías, como el aborto con medicamentos, anuncian así mismo nuevos rumbos en la gestión y defensa. El paso de una intervención como la interrupción del embarazo de lo público a lo privado hace que el rol de las feministas adquiera un peso distinto para no correr el riesgo de que se de este movimiento sin cuestionar las relaciones de género. (Ortiz en Franzoni, 2002)
Sin embargo, hay que reconocer, como se anota arriba, que las cuestiones sociales de mayor justicia y equidad social y de género, así como el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos que requiere y demanda la población y que son parte fundamental de la ciudadanía moderna, son aspectos aún insuficientemente legitimados e incorporados en las acciones públicas de la gran mayoría de los países de la región. Esto vale tanto para la arena legislativa o para el ámbito de los servicios de salud relacionados con la práctica del aborto.
Por otro lado, la disminución del papel del estado y de sus recursoso en los programas sociales, especialmente los relacionados con la salud reproductiva, como consecuencia de las políticas neoliberales y los programas de ajuste estructural, así como por la imposición de las fuerzas del mercado, constituyen serias barreras que es necesario tener presentes para mejorar las condiciones de acceso a los servicios de aborto.